La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, propuso establecer un mecanismo jurídico para combatir los delitos de delincuencia organizada transnacional, a través del intercambio de información útil entre los países integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur).
Así lo manifestó durante su intervención en la XVI Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur (Rempm), celebrada en la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta, en la cual Venezuela ejerce por primera vez la Presidencia Pro Tempore del bloque regional, donde destacó que este encuentro es una excelente oportunidad para hacer factible la integración sobre aspectos que vayan más allá de lo económico y lo social.
Por ello, indicó que a través de estas reuniones se presenta la posibilidad de generar mecanismos eficaces de cooperación en el combate contra la delincuencia organizada.
Asimismo, calificó de importante estos encuentros, pues permiten un acercamiento e integración para los Ministerios Públicos del Mercosur, en beneficio de los pueblos que representan.
Manifestó que actualmente se viven tiempos en los que el incremento de la criminalidad y el perfeccionamiento de técnicas especializadas para cometer delitos han avanzando. En tal sentido, precisó que corresponde a los Ministerios Públicos actuar de manera eficaz para combatir la criminalidad.
Adicionalmente, expresó que se deben adaptar las actuaciones a la realidad y brindar a las víctimas de delitos la protección y la garantía de sus derechos.
La Fiscal General dijo que tras el fenómeno del crimen organizado que amenaza a los Estados y que adquiere características fundamentadas en los desvalores, se presenta la necesidad de articular y diseñar estrategias en el campo jurídico penal, "considerando especialmente el delito como un hecho profundamente social", aseveró.
De igual manera, expresó que se está experimentando un cambio de época y se debe tener conciencia de las riquezas que tienen los países del Mercosur, desde el punto de vista energético y los grandes reservorios de agua, por cuanto se hacen apetecibles para la comisión de delitos ambientales.
Señaló que estos encuentros deben transformarse y adaptarse a la dinámica de lo que ha surgido en Latinoamérica, para que en un futuro próximo se puedan discutir estos temas para intercambiar conocimientos y experiencias, que permitan actuar frente a las nuevas formas delictivas.
Ortega Díaz recordó que cada uno de los países partes del Mercosur suscribieron la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo, por lo que indicó que si bien es cierto que dicho convenio tiene una serie de bondades, como la unificación de términos y técnicas de investigación, ha demostrado ser poco eficaz cuando se trata de intercambio de información.
Respecto a lo discutido en la reunión preparatoria realizada los días 23 y 25 octubre con las delegaciones de Argentina, Bolivia, Chile y Venezuela, señaló que fueron detectados modus operandis comunes en los delitos que afectan a las regiones; dijo que además se tiene un marco constitucional similiar con un énfasis en la protección de los derechos humanos.
Así lo manifestó durante su intervención en la XVI Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur (Rempm), celebrada en la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta, en la cual Venezuela ejerce por primera vez la Presidencia Pro Tempore del bloque regional, donde destacó que este encuentro es una excelente oportunidad para hacer factible la integración sobre aspectos que vayan más allá de lo económico y lo social.
Por ello, indicó que a través de estas reuniones se presenta la posibilidad de generar mecanismos eficaces de cooperación en el combate contra la delincuencia organizada.
Asimismo, calificó de importante estos encuentros, pues permiten un acercamiento e integración para los Ministerios Públicos del Mercosur, en beneficio de los pueblos que representan.
Manifestó que actualmente se viven tiempos en los que el incremento de la criminalidad y el perfeccionamiento de técnicas especializadas para cometer delitos han avanzando. En tal sentido, precisó que corresponde a los Ministerios Públicos actuar de manera eficaz para combatir la criminalidad.
Adicionalmente, expresó que se deben adaptar las actuaciones a la realidad y brindar a las víctimas de delitos la protección y la garantía de sus derechos.
La Fiscal General dijo que tras el fenómeno del crimen organizado que amenaza a los Estados y que adquiere características fundamentadas en los desvalores, se presenta la necesidad de articular y diseñar estrategias en el campo jurídico penal, "considerando especialmente el delito como un hecho profundamente social", aseveró.
De igual manera, expresó que se está experimentando un cambio de época y se debe tener conciencia de las riquezas que tienen los países del Mercosur, desde el punto de vista energético y los grandes reservorios de agua, por cuanto se hacen apetecibles para la comisión de delitos ambientales.
Señaló que estos encuentros deben transformarse y adaptarse a la dinámica de lo que ha surgido en Latinoamérica, para que en un futuro próximo se puedan discutir estos temas para intercambiar conocimientos y experiencias, que permitan actuar frente a las nuevas formas delictivas.
Ortega Díaz recordó que cada uno de los países partes del Mercosur suscribieron la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo, por lo que indicó que si bien es cierto que dicho convenio tiene una serie de bondades, como la unificación de términos y técnicas de investigación, ha demostrado ser poco eficaz cuando se trata de intercambio de información.
Respecto a lo discutido en la reunión preparatoria realizada los días 23 y 25 octubre con las delegaciones de Argentina, Bolivia, Chile y Venezuela, señaló que fueron detectados modus operandis comunes en los delitos que afectan a las regiones; dijo que además se tiene un marco constitucional similiar con un énfasis en la protección de los derechos humanos.
