El Ministerio Público citó en calidad de imputado al alcalde del municipio Alberto Adriani del estado Mérida, Robert Antonio Ramos Castro, por estar presuntamente vinculado con irregularidades cometidas durante su gestión como directivo del extinto Instituto Nacional Agrario en esa jurisdicción, entre los años 2001 y 2005.
En ese sentido, los fiscales 51° nacional auxiliar y 19° de Mérida, Marijose Frutillé y José Toro, respectivamente, imputarán al burgomaestre por presuntamente incurrir en delitos tipificados en la legislación venezolana.
El acto de imputación se llevará el próximo 17 de diciembre, a las 9:00 de la mañana, en el despacho de la Fiscalía 19° de Mérida.
Vale señalar que el mismo día, junto con el alcalde, será imputado Nerio Echeverría, quien también formaba parte de la directiva regional del mencionado instituto .
De acuerdo con la investigación, Echeverría y el actual Alcalde del municipio Alberto Adriani (El Vigia), habrían realizado desalojos de manera arbitraria en terrenos ubicados en el sector Caño Tigre, municipio Zea del mencionado estado.
El Ministerio Público inició la investigación el 25 de mayo de 2010, tras la denuncia presentada por las personas afectadas en dichos procedimientos.
En ese sentido, los fiscales 51° nacional auxiliar y 19° de Mérida, Marijose Frutillé y José Toro, respectivamente, imputarán al burgomaestre por presuntamente incurrir en delitos tipificados en la legislación venezolana.
El acto de imputación se llevará el próximo 17 de diciembre, a las 9:00 de la mañana, en el despacho de la Fiscalía 19° de Mérida.
Vale señalar que el mismo día, junto con el alcalde, será imputado Nerio Echeverría, quien también formaba parte de la directiva regional del mencionado instituto .
De acuerdo con la investigación, Echeverría y el actual Alcalde del municipio Alberto Adriani (El Vigia), habrían realizado desalojos de manera arbitraria en terrenos ubicados en el sector Caño Tigre, municipio Zea del mencionado estado.
El Ministerio Público inició la investigación el 25 de mayo de 2010, tras la denuncia presentada por las personas afectadas en dichos procedimientos.