El Secretariado de las FARC emitió este viernes una histórica e insólita condena por el atentado cometido por una de sus unidades el pasado 16 de enero en el suroeste de Colombia y anunció "correctivos disciplinarios" para los autores del ataque.
En un inesperado comunicado fechado en las Montañas de Colombia, los máximos jefes guerrilleros expresaron su "repudio" por una acción acometida contra la población civil, que dejó un muerto y más de 50 heridos en Pradera, departamento del Valle del Cauca.
Aunque la cúpula rebelde defendió que los autores "jamás tuvieron la intención de ocasionar algún daño a la población civil", también aclaró que esta circunstancia "no excluye su responsabilidad por la falta de previsión de los efectos contra ella".
Y es que en la mañana del 16 de enero, un día después del fin de la tregua unilateral declarada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con motivo de las fechas navideñas, una de sus unidades hizo estallar una moto con explosivos el centro de Pradera.
La declaración hecha por la guerrilla supone un giro en su estrategia militar, ya que nunca hasta ahora habían hecho tan explícito el rechazo a que la población civil se vea afectada en sus ataques, tal y como lo pide el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
"Así no se hace la guerra, esa no es la filosofía ni la orientación política o militar que nos caracteriza", agregaron los jefes guerrilleros.
Pero el rapapolvo del Secretariado no se quedó en eso, también anunciaron "correctivos disciplinarios" para "el mando de una de las unidades que componen el Bloque Móvil Arturo Ruiz", los autores del ataque.
Los únicos precedentes que existen en los que la guerrilla asumió el error de sus actos fue en 1998, con el asesinato de tres indigenistas estadounidenses, y en 2007, con la muerte de once diputados regionales del Valle del Cauca secuestrados.
En el caso de los legisladores, la guerrilla reconoció su "responsabilidad como garantes de la integridad de los diputados", tras los hechos confusos en los que murieron y que las FARC achacaron a un enfrentamiento armado.
En 1998, las FARC secuestraron a tres indigenistas estadounidenses en Arauca (noreste) y sus cadáveres fueron hallados semanas después en el lado venezolano de la frontera, una acción que la guerrilla prometió castigar.
Las FARC sancionaron a los guerrilleros responsables de estos asesinatos con la construcción de caminos y a aprender a leer y escribir, en un hecho que fue tomado como una nueva burla al país.
El experto en conflicto armado Ariel Ávila explicó a Efe que la condena pública efectuada hoy se enmarca dentro del proceso negociador que las FARC y el Gobierno discuten desde noviembre de 2012 en La Habana: "necesitan dar confianza, por esto lo hacen", matizó.
La condena fue recibida con cautela por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que en su momento consideró una "infinita torpeza" el atentado rebelde y que este viernes "valoró" el paso efectuado.
En el otro extremo se ubicó el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien suele efectuar el papel más duro del Ejecutivo en contra de las FARC: "El reconocimiento de actos de terrorismo es una acto de cinismo y sinvergüencería", manifestó.
En todo caso, el problema lo tienen ahora los jefes guerrilleros con la unidad que perpetró el atentado, la Columna Móvil Gabriel Galvis, del Bloque Arturo Ruiz, que según los expertos del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) no está conforme con las negociaciones de paz.
Ávila, coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación, descartó este extremo al constatar que esta unidad está comandada por Jorge Torres Victoria, alias "Pablo Catatumbo" y número dos de las FARC en La Habana, por lo que es una "estructura muy bien portada, que obedece órdenes del Secretariado".
Falta ver cuáles serán los "correctivos disciplinarios" que adoptará el Secretariado contra los autores del atentado para saber el papel que tendrá que jugar "Catatumbo" en esta crisis.
Aunque la cúpula rebelde defendió que los autores "jamás tuvieron la intención de ocasionar algún daño a la población civil", también aclaró que esta circunstancia "no excluye su responsabilidad por la falta de previsión de los efectos contra ella".
Y es que en la mañana del 16 de enero, un día después del fin de la tregua unilateral declarada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con motivo de las fechas navideñas, una de sus unidades hizo estallar una moto con explosivos el centro de Pradera.
La declaración hecha por la guerrilla supone un giro en su estrategia militar, ya que nunca hasta ahora habían hecho tan explícito el rechazo a que la población civil se vea afectada en sus ataques, tal y como lo pide el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
"Así no se hace la guerra, esa no es la filosofía ni la orientación política o militar que nos caracteriza", agregaron los jefes guerrilleros.
Pero el rapapolvo del Secretariado no se quedó en eso, también anunciaron "correctivos disciplinarios" para "el mando de una de las unidades que componen el Bloque Móvil Arturo Ruiz", los autores del ataque.
Los únicos precedentes que existen en los que la guerrilla asumió el error de sus actos fue en 1998, con el asesinato de tres indigenistas estadounidenses, y en 2007, con la muerte de once diputados regionales del Valle del Cauca secuestrados.
En el caso de los legisladores, la guerrilla reconoció su "responsabilidad como garantes de la integridad de los diputados", tras los hechos confusos en los que murieron y que las FARC achacaron a un enfrentamiento armado.
En 1998, las FARC secuestraron a tres indigenistas estadounidenses en Arauca (noreste) y sus cadáveres fueron hallados semanas después en el lado venezolano de la frontera, una acción que la guerrilla prometió castigar.
Las FARC sancionaron a los guerrilleros responsables de estos asesinatos con la construcción de caminos y a aprender a leer y escribir, en un hecho que fue tomado como una nueva burla al país.
El experto en conflicto armado Ariel Ávila explicó a Efe que la condena pública efectuada hoy se enmarca dentro del proceso negociador que las FARC y el Gobierno discuten desde noviembre de 2012 en La Habana: "necesitan dar confianza, por esto lo hacen", matizó.
La condena fue recibida con cautela por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que en su momento consideró una "infinita torpeza" el atentado rebelde y que este viernes "valoró" el paso efectuado.
En el otro extremo se ubicó el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien suele efectuar el papel más duro del Ejecutivo en contra de las FARC: "El reconocimiento de actos de terrorismo es una acto de cinismo y sinvergüencería", manifestó.
En todo caso, el problema lo tienen ahora los jefes guerrilleros con la unidad que perpetró el atentado, la Columna Móvil Gabriel Galvis, del Bloque Arturo Ruiz, que según los expertos del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) no está conforme con las negociaciones de paz.
Ávila, coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación, descartó este extremo al constatar que esta unidad está comandada por Jorge Torres Victoria, alias "Pablo Catatumbo" y número dos de las FARC en La Habana, por lo que es una "estructura muy bien portada, que obedece órdenes del Secretariado".
Falta ver cuáles serán los "correctivos disciplinarios" que adoptará el Secretariado contra los autores del atentado para saber el papel que tendrá que jugar "Catatumbo" en esta crisis.
EFE
