La segunda revolución de Rafael Correa
La “revolución ciudadana”, la transformación de Ecuador que el presidente Rafael Correa puso en marcha tras asumir el poder en enero de 2007, muestra síntomas de agotamiento. Los recursos públicos que apuntalan la economía se están agotando y las recientes marchas de protesta en varias ciudades del país andino muestran que la ciudadanía, como dice Simón Pachano, “exige algo más que carreteras y ciertos bienes materiales”. El analista, investigador de la Facultad latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito, opina que “las manifestaciones [del pasado 17 de septiembre] constituyeron un hecho novedoso y sorprendente, ya que fueron las primeras expresiones espontáneas en todos los Gobiernos de Rafael Correa. Y aunque precisamente por su carácter espontáneo es poco probable que tengan continuidad a corto plazo, marcaron un hito porque se perdió el temor, especialmente entre los estudiantes”.
Las marchas, encabezadas por los sindicatos contra un proyecto de reforma laboral que en opinión de los trabajadores recorta sus derechos, aglutinaron a varios colectivos y se expandieron por todo el país para acabar violentamente en algunos casos. El pasado 30 de septiembre, en un acto con motivo del cuarto aniversario de una rebelión policial que el Gobierno tachó de intento golpe de Estado, Correa llamó a la unidad para frenar la “restauración conservadora”. En la quiteña plaza de San Francisco, el presidente arengó a sus seguidores: “Esa derecha desarticulada después de las palizas recibidas a lo largo y ancho de América Latina ya superó la etapa de aturdimiento (...) Están coordinados y articulados y ya tienen estrategia de poder”, espetó Correa. “Pero no pasarán, ¡el pasado no volverá!”, advirtió con un fuerte grito.
Correa suele azuzar el fantasma de la derecha más rancia en momentos de crisis y la estrategia siempre le ha funcionado. Razones para ello en Ecuador sobran: el país tuvo una decena de presidentes en los 10 años previos a la llegada de Correa al poder. El actual mandatario no sólo fue el primero en mucho tiempo en completar un mandato, sino también en repetir en el cargo. Correa lleva casi ocho años en el poder y aunque la Constitución que él mismo impulsó le obliga a dar un paso al costado en 2017, el presidente ya ha dejado la puerta abierta para reformar la Carta Magna y alargar su estancia en el Palacio de Carondelet.
“Tanto el presidente como su gestión mantienen altos niveles de aprobación”, explica Pachano. “Si quiere, Correa cuenta con los votos necesarios en la Asamblea para reformar la Constitución. Si se aprueba la reelección, sería casi seguro el triunfo de Correa en 2017, tanto por el apoyo que aún conserva como por la debilidad de la oposición. La situación sería diferente si él no fuera el candidato. Nadie en su movimiento Alianza País cuenta con la intención de voto suficiente para triunfar”, añade.
El fuerte respaldo a Correa se sostiene en cifras contundentes. El crecimiento medio de la economía del país es del 4% anual, el desempleo está por debajo del 5% y el porcentaje de los ecuatorianos que viven por debajo del umbral de pobreza ha bajado del 45% al 25%. Los salarios han subido y la inflación se ha mantenido en torno al 3% gracias a la dolarización de la economía, una medida tomada mucho antes del inicio del correísmo.
La receta del éxito económico es sencilla: mucha inversión pública, sobre todo en infraestructuras —puentes, carreteras, centrales hidroeléctricas, instalaciones petroleras—. En 2013, los desembolsos del Gobierno en la economía representaron el 15% del producto interior bruto (PIB) frente al 12,9% de la inversión privada. Por este motivo, Ecuador registró el año pasado el déficit fiscal más alto en la última década: 5.461,25 millones de dólares, que representa el 5,28% del PIB, según datos del banco central del país andino.
Para cubrir el déficit del próximo año —que según Standard & Poor’s será superior al de 2014—, el Ejecutivo de Quito solicitó a China 1.500 millones de dólares. El país asiático ya es el principal acreedor bilateral de Ecuador. Hasta febrero pasado, la deuda exterior era de 13.000 millones (14% del PIB). De este montante, el 36% corresponde a préstamos con China.
“Ecuador necesita entre 8.000 y 9.000 millones de dólares al año para mantener el sistema económico”, explica Alberto Acosta Burneo, editor de la decana publicación Análisis Semanal. “El dinero público ha elevado el consumo como motor de la economía. Y para evitar el descontento social, hay que sostener ese modelo. Se necesita cada vez más dinero para crear más empleo, pagar más salarios, para que el sector privado produzca más y venda más o dé más servicios, para que todos estén contentos. El Gobierno puede seguir endeudándose, tiene margen [la deuda externa es del 27% del PIB], pero si este modelo sigue sin modificarse sobrepasará fácilmente el límite del 40% fijado por el propio presidente. No hay plan alternativo al de apuntalar la economía con dinero público”, explica Acosta.En vista de la revisión a la baja de Pekín de sus inversiones en América Latina y del abaratamiento del precio del petróleo, principal fuente de ingresos del país, Correa decidió aparcar de puertas afuera su retórica contraria al sistema financiero internacional y realizar en lo que va de año una emisión de bonos tutelada por el Banco Mundial y restablecer las relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo último informe sobre el país andino avala un crecimiento del 4% anual hasta 2015.
La mayoría de los expertos cree que Correa ampliará sus fuentes de financiación y acelerará el desarrollo de los nuevos yacimientos petrolíferos, como el de Yasuní, para aumentar los ingresos y sostener la economía, al menos hasta las elecciones de 2017. Sin embargo, los analistas apuntan a que Correa, economista guayaquileño formado en Estados Unidos y Bélgica, ha reconocido a través del acercamiento al FMI y el Banco Mundial que el modelo no es eterno y que tarde o temprano tendrá que poner en marcha una “segunda revolución ciudadana” para sentar las bases de un desarrollo más sostenible.
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