El tinglado de las tarjetas «B» de Caja Madrid destapado por José Ignacio Goirigolzarri ha levantado una polvareda mediática excepcional, tanto por lo exorbitante del asunto como por la unánime condena, y de dolorosa ignominia para los afectados por las preferentes y para el conjunto de la ciudadanía que tuvo que rescatar una entidad, Bankia, con 22.424 millones de euros. O lo que es lo mismo, 11,5 veces el presupuesto para 2015 de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Incluso levemente más que el presupuesto del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para el próximo año, en el que se incluyen las partidas para pagar las prestaciones por desempleo en una España con un paro por encima del 24% en la actualidad.
Pocas semanas antes, el exmolt honorable Jordi Pujol reconocía la existencia de una fortuna familiar en el extranjero sin regularizar durante más de 30 años, la mayoría de ellos como president de la Generalitat y faro moral del nacionalismo catalán. Dos escándalos de semejante magnitud en apenas un par de meses. Quizá demasiado para el «body» de una sociedad cuya segunda mayor preocupación, según el último CIS y que no incluye el escándalo de las tarjetas «black», es la corrupción. Y se podría retroceder algo más en el tiempo e incrementar la indignación. O lo que es peor, consolidar la resignación. Pero también surge la pregunta: visto el percal, ¿por qué no crear una policía financiera para luchar contra esta clase de criminalidad, como en Italia? Los expertos consultados, involucrados además en la batalla contra este fraude, creen que no, que no hace estrictamente falta, que lo que faltan en realidad son otras cosas. Y que son factibles.
Por comparar, la Guardia di Finanza es un cuerpo especial de policía, de carácter militar, que depende directamente del ministerio de Economía y Finanzas italiano. Su labor se encamina a luchar contra el contrabando, el tráfico internacional de droga, operaciones anti-mafia, la criminalidad financiera y el blanqueo de capitales, entre otras actividades. El cuerpo está integrado por casi 70.000 miembros, entre oficiales, técnicos y sus más de 20.000 inspectores. En nuestro país la cifra de inspectores no llegaba a 2.000 en julio de 2012. ¿Nos hace falta más personal? «Si hacemos referencia al total de trabajadores que desarrollan su labor en la Agencia Tributaria (no solo los inspectores), en España hay un empleado por cada 1.928 contribuyentes, frente a los 860 de Francia o los 729 de Alemania. En el caso de Italia la cifra es de 1.779, un 7% inferior a la española», explica el presidente del Sindicato de los Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, que coincide en su respuesta, en disparar las mismas cifras, con Ransés Pérez Boga, presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).
Es cierto que los desempeños de la Guardia di Finanza aquí en España los llevan a cabo, además de la Agencia Tributaria, el Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente de la AEAT, y la Guardia Civil, por lo que la diferencia de plantillas quedaría un poco acortada. «Tenemos una Administración tributaria muy tecnificada, que nos permite siendo muy pocos llegar a muchos. Pero aunque seamos muy eficientes llega un momento que no somos eficaces totalmente en la lucha contra el fraude», amplía el presidente de los inspectores. «Según los datos de la OCDE, para equiparar la Administración tributaria española con la media europea se necesitarían 26.718 nuevos funcionarios a medio y largo plazo», apunta Cruzado.
Permitir pagar a confidentes o el espionaje
«No hace falta crear un nuevo cuerpo policial, simplemente hay que dotar al organismo que ya tenemos, que es la Agencia Tributaria, de competencias policiales. Aumentar las facultades de los inspectores y la adopción de métodos policiales como actuaciones de incógnito, pagos a confidentes,... que son técnicas que dan muy buenos resultados. Y por supuesto no para cualquier tipo de fraude», propone Pérez Boga. El de Gestha concuerda en que hay que autorizar más responsabilidades, sobre todo a los técnicos, e insiste en reforzar la plantilla.
Hay que tener en cuenta además que la lucha contra el fraude financiero en muchos casos requiere un rastreo internacional y una coordinación entre países que no siempre es fluida. De hecho, en la Unión Europea tras la aprobación el año pasado del nuevo reglamento de la OLAF («European Anti-Fraud Office»), todavía hay Estados miembros, incluido España, que tienen que designar un servicio AFCOS (coordinación anti-fraude) para poder trabajar conjuntamente entre ellos. «Tenemos la esperanza de que una vez que este proceso esté finalizado los esfuerzos combinados de la UE y las autoridades nacionales en este campo se intensificarán aún más», dicen desde la oficina de prensa de la OLAF. Y si estamos así en la Unión Europea, que supuestamente promueve la integración de los países que la componen, imaginen la cooperación anti-fraude cuando hay paraísos caribeños de por medio.
Otro punto polémico es el foco de las inspecciones. En la actualidad, el 80% de los recursos y la plantilla de la Agencia Tributaria estatal se dedican a investigar y perseguir el microfraude, señalan desde Gestha, «mientras que las grandes corporaciones y fortunas quedan impunes». Esto genera más de 42.ooo millones de euros de pérdidas anuales al erario público, con un 72% del engaño fiscal concentrado en las grandes empresas y fortunas, según los técnicos. «El grado de control de los asalariados, por aquello de la información cruzada que manejamos de manera muy eficiente, es muy elevado. Pero la falta de tributación de las grandes multinacionales viene derivado de la existencia de lagunas entre las normativas de los distintos países que les permiten evitar nuestra norma tributaria. Esa es la causa de esta percepción, que es una realidad», matiza Pérez Boga.
250.000 millones de economía en «B»
En conclusión, los representantes de ambas organizaciones dicen no a un nuevo cuerpo policial financiero, porque no es necesario, a pesar de la simbólica declaración de intenciones que supondría. No obstante, son los más persistentes en denunciar lo que ellos consideran como un inexistente compromiso firme por parte de los poderes públicos para luchar contra el fraude fiscal. «Algo está fallando cuando la economía sumergida sigue creciendo año tras año, alcanzando un nivel récord del 24,6% del PIB, lo que supone más de 250.000 millones. De hecho, el ejercicio 2013 fue el peor en resultados en los 23 años de historia de la Agencia Tributaria», dice el presidente de Gestha. ¿Pero cómo se justifica la dejadez política que ustedes denuncian? «Yo no me lo explico. Supongo que hay que guardar un equilibrio entre el control y los resultados del control, que aunque sea farragoso y a veces invasivo es necesario para tutelar algo tan importante como los ingresos públicos», concluye el máximo representante de los inspectores de Hacienda.
Y un desolador y sistemático estrambote, sobre el que nos pone sobre aviso Pablo Martín de Santa Olalla, doctor en Historia Contemporánea por la Autónoma de Madrid y autor de «El laberinto italiano: del fenómeno Berlusconi a la crisis actual», y que evoca la constante pintada de «¿quién vigila a los vigilantes?» en las paredes neoyorquinas de The Watchmen, la obra maestra de Alan Moore y Dave Gibbons. Y es que desde mediados de este año varios altos cargos de la Guardia di Finanza están siendo investigados por dejarse sobornar por mirar para otro lado. Incluso miembros de la cúpula han sido acusados de corrupción, de lucrarse por permitir el fraude, acarreando un profundo desprestigio a toda institución. No hay ni una hipertrofia supervisora, un infinito "¿quién vigila a los vigilantes de los vigilantes...?" que valga para erradicar esta desviación estadística humana. Pero ¿quién elige a los que eligen el número de vigilantes y sus procedimientos?ABC
