La decisión de Guatemala de introducir un salario mínimo para promover la industria manufacturera, no sólo va en contra de las obligaciones internacionales de derechos humanos, sino que debilita su compromiso internacional de propiciar el desarrollo sostenible, advirtieron este martes los relatores especiales de Naciones Unidas Philp Alston y Hilal Elver.
"La explotación de la mano de obra no es una opción viable para propiciar el desarrollo económico y social", afirmó Alston, reaccionando a la adopción de un salario mínimo mensual diferenciado para los trabajadores de la industria de manufactura, 44% menor que el salario mínimo mensual nacional en varios municipios del país.
El nuevo salario mínimo local de 1.500 quetzales, aproximadamente 195 dólares al mes, contrasta claramente con el salario mínimo nacional de unos 2.650 quetzales, alrededor de 350 dólares.
"Este salario mínimo cubre únicamente el 25% del costo de la canasta básica vital que necesita una familia guatemalteca. Con un ingreso tan bajo, los hogares que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad se verán en una situación precaria", añadió Elver.
Guatemala se enfrenta al escrutinio internacional por una serie de denuncias por violaciones a los derechos laborales, incluidos el monto inadecuado del salario mínimo.
