El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, aseguró este martes en Brasilia al dirigirse a un grupo de manifestantes que le apoyaban como a una especie de héroe nacional: “Quien tenga que pagar, va a pagar”. La frase no es baladí y el momento aún lo es menos. Janot ha comenzado ya a remitir al Tribunal Superior de Justicia los nombres de los diputados y senadores implicados en el caso Petrobras. Son 28 denuncias contra 54 personas, entre ellos, varios políticos. Aún no se sabe cuándo esta auténtica lista negra, que desencadenará un terremoto político de consecuencias imprevisibles, será hecha pública en su totalidad. Pero no tardará mucho.
La prensa brasileña habla de decenas de nombres, hasta 40 políticos, la mayoría del Partido de los Trabajadores (formación a la que pertenece la presidenta Dilma Rousseff y el expresidente Lula) y de algunos de los partidos que le apoyan en el Parlamento. Las especulaciones apuntan a los presidentes del Congreso, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros. También parece seguro que estará incluido el tesorero del PT, João Vaccari, acusado de desviar fondos de la petrolera a las arcas del partido para financiar campañas electorales.
Los nombres han sido proporcionados por los ex altos cargos de Petrobras acusados formalmente a cambio de rebajas en la condena y por altos ejecutivos de empresas que, según la fiscalía, sobornaban a esos ex altos cargos para hacerse con contratos millonarios de la gigantesca empresa que más invierte en Brasil en obras públicas.
Sean quienes sean y sean cuantos sean, la divulgación de los nombres va a cambiarlo todo. Y esto sucede en un momento delicado y sacudirá un ya de por sí Congreso convulso e ultrafragmentado en el que las alianzas se calibran al milímetro. Jaques Wagner, ministro de Defensa, del PT, exgobernador de Bahía y muy próximo a Rousseff, manifestó hace dos días que la publicación de la lista de políticos acusados generará una suerte de “perturbación social”: “Es obvio que va a haber turbulencias, y las va a haber en un momento en que el país más necesita de tranquilidad”.
Los datos económicos no son buenos. Brasil está a un paso de volver a la recesión y, cuando menos, su economía sigue estancada. El paro (el indicador al que más se agarra Rousseff para defender su gestión) subió en enero hasta el 5,3% (en enero de 2014 rozaba el 4,8%). El viernes se hará público también el dato de inflación, que seguramente será más alta de la meta autoimpuesta por el Gobierno. Esta subida paraliza más el ya desanimado consumo.
Porque si la política está casi en suspenso, a la espera de que la lista del oprobio de los 40 nombres se divulgue por fin (Brasil lleva meses haciendo conjeturas sobre quiénes serán los imputados y por qué), la economía también. Los empresarios nacionales, como los consumidores, esperan a la hora de invertir a saber hacia dónde se dirige el país y los extranjeros aguardan a que se cumplan todas las promesas de ajustes y recortes que el ministro de Economía, Joaquim Levy, se comprometió a llevar a cabo. Poco a poco, las está cumpliendo. La semana pasada retiró una exención de impuestos a las empresas que Rousseff había instaurado en 2011 y ordenó la reducción de gastos en todos los ministerios. Paralelamente, el Gobierno ha anunciado una subida de la tarifa eléctrica que, para determinadas familias de clase de media, sobre todo en São Paulo, significará un 30% más en el recibo de la luz. Levy, elegido por su fama de experto en el ajuste, se comprometió a ahorrar unos 24.700 millones de dólares y “llegar a un equilibrio fiscal”.
La semana pasada, Moody’s rebajó de golpe dos escalones la calificación de la ya cuarteada Petrobras, dejando sus acciones al nivel de “no seguras para la inversión”. Un batacazo para la petrolera, envuelta en una crisis que le carcome desde todos los ángulos: desde la corrupción a la caída del precio del barril. Con todo, el Gobierno de Rousseff batalla (a base de ajustes y de respaldar al ministro de Economía) para que estas agencias de calificación no rebajen la nota a Brasil, ahora en un modesto estable (BAA2). Para ello, los miembros del Gobierno, el ministro de Economía, la propia Rousseff y hasta el expresidente Lula maniobran para que un Congreso hostil hasta ahora transija y apruebe los ajustes que, por otra parte, nadie prometió durante la pasada campaña electoral.
La petrolera vende activos por 13.800 millones
A. J. B.
Tras recibir la semana pasada la rebaja de dos escalones por parte de la Agencia de calificación Moody’s (lo que coloca a sus acciones en la zona de inversiones no seguras), la petrolera brasileña Petrobras ha decidido soltar lastre. En un comunicado emitido el lunes, la mayor empresa pública de América Latina (y la mayor empresa de Brasil) ha decidido vender activos por valor de 13.878 millones de dólares en dos años. El objetivo es hacer caja con inversiones seguras y rentables, y rebajar la deuda líquida de la empresa, que es de casi 90.000 millones de dólares. La empresa sufre además una crisis interna producida por las acusaciones de corrupción que sacuden el sistema político brasileño y comprometen la credibilidad de Petrobras. Tras el anuncio, las acciones subieron un 2%.
Petrobras aseguró que todos sus acreedores cobran al día y que no tiene problemas financieros insalvables. Pero la rebaja de la nota de Moody’s y el no haber publicado aún el informe económico de 2014 (pendiente de que se cuantifique lo robado por los corruptos) hace que Petrobras no pueda pedir préstamos en el mercado exterior y deba conseguir dinero de sus propias fuentes.
La empresa pretende deshacerse, principalmente, de las infraestructuras y negocios que no están directamente relacionados con el petróleo, sino con el gas u otros tipos de energía. En principio, según el diario O Estadão, el enorme yacimiento de las costas brasileñas denominado pres-sal permanecerá en manos de Petrobras.
Esta es una de las decisiones tomadas por el nuevo equipo rector de la petrolera, comandado por Aldemir Bendine, expresidente del Banco de Brasil, que se hizo cargo de Petrobras en el mes de febrero, sustituyendo a Graça Foster. EL PAIS
