Con la intención de animar la decaída economía brasileña, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha decidido lanzar un plan de grandes infraestructuras por todo el país que significará una inversión de casi 200.000 millones de reales (más de 64.000 millones de dólares, cerca de 58.000 millones). El plan prevé la construcción de autovías, líneas férreas, aeropuertos y puertos. En pocas palabras, dinamizar el transporte –sobre todo de mercancías- que desatasquen la crónica falta de carreteras y vías de tren del gigante latinoamericano para insuflar más capacidad y competitividad a sus exportaciones y su mercado interno.
El ministro de Planeamiento, Nelson Barbosa, hizo hincapié en esto último, asegurando que en Brasil hay una gran (y creciente) demanda de este tipo de infraestructuras. En los últimos diez años, la cantidad de productos agrícolas transportados por tierra en Brasil (sobre todo soja) se ha incrementado un 130%. El número de vehículos rodados que circulan por sus carreteras, en esta década, es un 180% más. Y el número de viajeros que usan el avión, desde 2004, ha subido también un 150%. “Por eso, demanda hay. Son inversiones que tienen un futuro asegurado”, dijo el ministro.
El ministro Barbosa aseguró que esta obra, que contará con todos los estudios necesarios para mayo de 2016, significará un viejo sueño para Brasil: una salida comercial por el océano Pacífico sin pasar por el Canal de Panamá. Será un giro vital para las exportaciones brasileñas de hierro y soja dirigidas principalmente a China, primer socio comercial de Brasil.La parte mayor de las inversiones previstas irán a las líneas férreas. El Gobierno de Dilma Rousseff tiene previsto que se inviertan más de 84.000 millones de reales (27.000 millones de dólares). Y ella incluye 40.000 millones de reales (13.000 millones) para algunas de las partes que constituirán la denominada “red ferroviaria biocéánica”, esto es, la vía que unirá el Atlántico con el Pacífico a través de Brasil y Perú. Este megaproyecto contará con la participación china, como anunció el pasado 19 de mayo el primer ministro, Li Keqiang, en una visita a Brasilia.
Las autopistas contarán con una inversión de cerca de 66.000 millones de reales (21.000 millones de dólares), a los puertos irán 37.000 millones de reales (11.900 millones de dólares) y a los aeropuertos 8.500 millones (2.700 millones de dólares), sobre todo para obras de mejora y de ampliación del de Salvador de Bahía, la principal ciudad del nordeste del país. Las empresas extranjeras podrán optar a estas concesiones, según aclaró Barbosa, pero “dada la peculiaridad de la construcción civil en Brasil”, deberán hacerlo siempre coaligadas con empresas brasileñas.
Este paquete de inversiones constituye la última carta lanzada para tratar de animar una economía estancada que en diciembre, y según las previsiones del Gobierno, habrá retrocedido un 1,2%, el peor resultado en los últimos 25 años. Se lanza en medio de un aluvión de medidas de ajuste fiscal y de promesas de contención de gasto público que, invariablemente, acarrearán más retrocesos en el PIB.
El ministro de Economía, Joaquím Levy, impulsor de todas estas medidas de ajuste fiscal, se refirió al plan de inversiones en infraestructuras como “un golpe de efecto para devolver al país al crecimiento”. La presidenta Dilma Rousseff, reelegida en enero, muy criticada desde entonces por la marcha de la economía, con las encuestas en su punto más bajo, fue todavía más clara a la hora de preconizar la vuelta de las vacas gordas “Ahora estamos en la línea de salida, no en el punto de llegada”.EL PAIS