El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó profunda preocupación por las implicaciones en las garantías fundamentales de la nueva Ley sobre Seguridad Nacional adoptada en China el 1 de julio.
En un comunicado, Zeid Ra'ad Al Hussein señaló que la legislación tiene un alcance muy amplio y que su terminología y definiciones son muy vagas.
La ley cubre un espectro muy grande de cuestiones, incluidos medioambiente, defensa, finanzas, información tecnológica, cultura, ideología, educación y religión.
Zeid explicó que la normativa define la seguridad nacional como la condición bajo la cual el gobierno, la soberanía, la unidad, la integridad territorial, el bienestar de la gente, el desarrollo sostenible de la economía y la sociedad están a salvo y no son objeto de amenazas internas o externas.
"Como resultado, deja la puerta abierta a mayores restricciones a los derechos y libertades de los ciudadanos chinos, y a que las autoridades del país ejerzan un control aún mayor que el actual sobre la sociedad civil", advirtió.
En este sentido, Zeid subrayó que las leyes de seguridad nacional deben ser precisas para permitir que los individuos prevean las consecuencias de su conducta, y para protegerlos de actitudes arbitrarias o discriminatorias por parte de las autoridades.
El Alto Comisionado consideró que la ley debe definir claramente qué constituye una amenaza a la seguridad nacional, además de que tiene que identificar los mecanismos adecuados para tratar esas amenazas aplicando la proporcionalidad.
