(San Juan, 12 julio. EFE).- El Gobierno de Puerto Rico inicia mañana negociaciones con sus acreedores para tratar de renegociar los términos de la devolución de la deuda, un proceso para el que se comienzan a conocer algunas estrategias y para el que prevé fuertes reticencias iniciales.
La primera reunión está prevista el lunes para las 15.00 hora de Nueva York (19.00 GMT) en las oficinas de Citigroup en Manhattan, donde el Gobierno expondrá los motivos que le llevan a solicitar a los bonistas que se abran a la negociación.
Para ello contarán con Anne Krueger, ex subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional y ex economista jefe del Banco Mundial, contratada por una de firma que asesora legalmente al Gobierno en este proceso.
Krueger presentará la conclusiones de un devastador informe elaborado por ella y otros execonomistas del FMI sobre la situación financiera de la isla.
También estará presente Melba Acosta, presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el brazo financiero del Gobierno.
Esta entidad asegura carecer de liquidez para afrontar el ejercicio fiscal que acaba de comenzar, por lo que, según desveló esta semana, planea ofrecer la recompra de unos 4.000 millones de dólares en bonos que en su mayoría están en manos de bancos y cooperativas locales.
Esos bonos se recomprarían a precios inferiores a su valor nominal y se pagarían en efectivo o con la emisión de nuevos pagarés, según detalló esta semana el BGF ante la Junta Reglamentadora de Valores Municipales (MSRB, en inglés).
Además, el Gobierno prometerá a sus acreedores la presentación de un plan fiscal a cinco años realista y que cuente con un amplio consenso político y social, con el objetivo de ganar credibilidad ante ellos, que se quejan de que desde hace años las previsiones y presupuestos del Gobierno de Puerto Rico no se han cumplido, al tiempo que carece de estadísticas verosímiles.
“Ciertamente este plan se va a discutir con los bonistas y ellos darán sus impresiones y se va a nombrar por ley una junta para asegurarse que lo que se acuerde en el plan final se lleve a cabo”, explicó esta semana Acosta.
Tanto ella como el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, aseguran ser conscientes de que es previsible que algunos acreedores de Puerto Rico inicien una “campaña negativa” en medio de este proceso.
El ya quebrado y desaparecido banco “Doral hizo una campaña en contra de Puerto Rico increíble por 250 millones de dólares. Imagínense ustedes por 72.000 millones (el conjunto de la deuda puertorriqueña). O sea, las campañas que vienen no serán fácil”, dijo Suárez el viernes a la prensa.
La máxima responsable de las finanzas de la isla añadió que “éste va a ser un proceso difícil y controversial”, al tiempo que insistió en que el Gobierno necesita el poco dinero que tiene para pagar los servicios básicos que presta a la población.
Sin embargo, el principal acreedor de la isla, Oppenheimer Funds, no comparte esa opinión y defiende que “el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene la capacidad de pagar sus deudas”.
Esta firma alega que, aunque el gobernador Alejando García Padilla dijo que la deuda era “impagable”, sólo dos días después, el 1 de julio, realizó “a tiempo y en su totalidad” los pagos del servicio de la deuda que vencían ese día.
Ese día “también el Gobierno comenzó el año fiscal 2016 con un presupuesto equilibrado”, al tiempo que el “acuerdo de indulgencia con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se amplió al 15 de septiembre, para dar tiempo a la compañía a desarrollar un plan operativo y financiero”.
Este fondo, que tiene unos 4.400 millones de dólares en obligaciones de Puerto Ricosegún cifras manejadas por Wall Street, acusa al Gobierno puertorriqueño de acudir a la “retórica” como “una manera de encubrir la firma de un presupuesto que requiere recortes de gastos impopulares”.
Igualmente recuerda que, aunque se observa “un supuesto cambio en la disposición de la Administración para pagar”, para la mayor parte de su deuda Puerto Rico “no cuenta con un marco legal que le permita alterar sus obligaciones de servicio de deuda”.
“El compromiso de nuestro equipo para proteger los intereses de nuestros accionistas es inquebrantable“, asegura la firma de inversión, que espera que “Puerto Rico actúe dentro de los principios de la ley”, y asegura estar “dispuestos a defender los términos previamente acordados en todas y cada una de las emisiones de bonos”.
Acosta aclaró el viernes que el Gobierno no busca recortar el principal de la deuda (lo que sería una quita), sino revisar los plazos y términos en que debe ser devuelta.
