El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, ratificó la ley antiterrorista aprobada por el Gobierno en julio pasado, que endurece los castigos por este crimen, protege a las fuerzas de seguridad y restringe la libertad de prensa.
La norma, de 54 artículos y publicada íntegra hoy en los medios oficiales egipcios, define como grupo terrorista “toda entidad o banda formada por al menos tres personas, en el interior o en el exterior del país y de cualquier nacionalidad, que tenga el objetivo de cometer crímenes terroristas o use el terrorismo como medio para lograr sus fines“.
Se establece la pena de muerte o cadena perpetua para aquellos que fundaron, organizaron o dirigieron un grupo terrorista o tuvieron un alto cargo en el mismo, según el artículo 12 de la nueva ley.
Ese mismo punto indica que todo aquel que se unió a un grupo terrorista y recibió formación militar será sentenciado a una pena no inferior a los diez años de prisión.
También estipula la cadena perpetua para quien obligue a otra persona a unirse a un grupo terrorista o impida que esa persona abandone el grupo.
La legislación también abarca la financiación del terrorismo, que implica la cadena perpetua, si va dirigida a un militante, y la pena de muerte si el dinero tiene como destinatario un grupo o la financiación de un acto terrorista.
Además de endurecer los castigos contra los extremistas, la ley protege a las fuerzas de seguridad, ya que en su artículo 8 señala que “los encargados de aplicar esta ley” no van a ser presentados ante la justicia por usar la fuerza durante sus funciones o para protegerse de un peligro.
La controversia en torno a esta ley se centró sobre todo en un artículo, posteriormente modificado, que preveía penas de hasta dos años de cárcel por publicar de “forma intencionada” noticias que no sean “verídicas” sobre “cualquier operación terrorista” y que “contradigan de alguna forma las informaciones oficiales“.
A raíz de las críticas, el Gobierno suplió la pena de prisión por multas severas, que van desde las 200.000 libras egipcias (25.500 dólares) hasta las 500.000 libras egipcias (63.700 dólares).
El primer ministro, Ibrahim Mehleb, alegó al presentar el proyecto de ley que Egipto libra una “verdadera guerra que hizo necesario que el Estado preparase rápidamente un proyecto de ley antiterrorista”.
Sin embargo, 17 organizaciones egipcias defensoras de los derechos humanos denunciaron en un comunicado a mediados de julio que ese proyecto representaba un “asalto flagrante” a la Constitución y un “ulterior desgaste de lo que queda del sistema de justicia” del país.
Además, partidos políticos, ONG y figuras públicas exigieron la aprobación de la ley una vez elegido el Parlamento y advirtieron de que el terrorismo debe ser afrontado “ideológicamente y con un sistema legal que proteja las libertades públicas y evite que más personas se unan a esas organizaciones”.
El proyecto de ley tuvo que obtener la aprobación del Consejo de Estado y, ahora, del presidente Al Sisi, que ejerce en la actualidad el poder legislativo debido a la ausencia de Parlamento.
Desde que el 3 de julio de 2013 el Ejército egipcio derrocara al entonces presidente, el islamista Mohamed Mursi, miles de simpatizantes y miembros de los Hermanos Musulmanes han sido detenidos y condenados a muerte o duras penas de cárcel.
Fuente: EFE
