(México, 11 enero. EFE).- Las autoridades de México reconocieron hoy que el proceso para extraditar a EE.UU. al capo del narcotráfico Joaquín “El Chapo” Guzmán puede durar de uno a seis años, aunque aclararon que también existe una figura llamada “extradición temporal” que podría acelerar su procesamiento en el vecino país.
“El tiempo promedio es de un año pero cuando hay una situación de amparos y amparos” por parte de la defensa del reclamado “se puede ir de cuatro a seis años”, indicó a Efe una fuente oficial.
Según la fuente, tras “ejecutar” el fin de semana las dos órdenes de detención con fines extradición en contra de Guzmán, en el penal en el que está recluido desde el viernes, “se notificó a la autoridad jurisdiccional” correspondiente y con eso “se dio formalmente inicio del procedimiento”.
Además, José Manuel Merino, director general de Procesos Internacionales de la PGR, institución dependiente del Ejecutivo, detalló hoy a Radio Fórmula que la primera orden de detención parte de un pedido “de una Corte Federal del Distrito Sur de California que lo busca por los delitos de asociación delictuosa y distribuir cocaína”.
Fue turnada a México el 25 de julio de 2015, la PGR le dio trámite y el 29 de julio fue formulada ante el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, que ese mismo día la dictó.
La segunda procede de una solicitud “de una Corte del Distrito Oeste de Texas por delitos de asociación delictuosa, delincuencia organizada, contra la salud, lavado de dinero, homicidio y posesión de armas de fuego”.
Fue recibida por México el 3 de septiembre pasado, turnada ante el Juzgado Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales el 18 de septiembre y resuelta tres días después.
Merino explicó que la extradición “tiene varias etapas” y “es un procedimiento complejo”.
En la primera Guzmán “tiene el derecho a interponer dos excepciones que contempla la Ley de Extradición Internacional” y dura 20 días, pero “puede ser ampliada si el juez así lo considera”.
A continuación, el magistrado emite una opinión que “no tiene carácter vinculante” y remite el expediente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana, que “determinará si es favorable o no emitir un acuerdo de extradición”.
En caso de que sea favorable, Guzmán “todavía puede recurrir esta determinación de la Cancillería” con un amparo, por lo que la extradición “puede llevar un tiempo considerable”.
“Hemos tenido procedimientos de extradiciones que nos han llevado cuatro o seis años, dependiendo de los recursos que interpongan la defensa de los reclamados”, puntualizó.
Los seis años son “un estimado que hemos tenido en procedimientos en que los abogados de los reclamados han sido sumamente combativos”, añadió.
Merino aclaró que, si no existen esos obstáculos, la duración promedio del proceso es de “un año en adelante”.
El funcionario admitió que existe la fórmula de la “extradición temporal”, una figura que es contemplada en el Tratado Bilateral de Extradición con EE.UU.
El objetivo de esa medida es que el imputado “pueda ser procesado y sentenciado” en el país que lo reclama, que “está obligado a devolverlo a México para que continúe con los procesos pendientes que podría haber dejado”, relató.
Esa opción debe ser solicitada por EE.UU., algo que aún no ha sucedido, y México debe autorizarla después.
Según información pública de la PGR difundida en la red, la entrega temporal busca “evitar que la acción penal ejercitada en contra de los individuos reclamados prescriba al transcurrir el tiempo en el cual cumplen una sentencia condenatoria en el Estado requerido”.
“Asimismo, permite que los medios de prueba relacionados no desaparezcan”, añade.
