Más de 3.000 integrantes del Ejército, la Infantería de Marina y la Policía iniciaron este fin de semana una ofensiva dirigida a la captura de los cabecillas de bandas criminales al servicio del narcotráfico en el norte de Colombia, reveló este lunes un vocero policial.
"Lo que estimamos es que directamente, contra las bandas criminales, independientemente del dispositivo de seguridad en la zona, hay por lo menos 3.000 efectivos", de los cuales cerca de 1.000 son de la Policía, dijo el director de esa institución, general Oscar Naranjo, a la radio Caracol de Bogotá.
La denominada operación "Troya" está programada para los próximos 90 días y es una acción que debería permitir "capturar a los responsables y cabecillas de las bandas criminales, pero también a integrantes de estas estructuras y a la delincuencia común que gira alrededor de esas bandas", indicó Naranjo.
El oficial aseguró que "la prioridad es neutralizar a estos delincuentes que están representando una amenaza grave para las comunidades y un desafío a las autoridades, y que adicionalmente no solamente generan violencia sino procesos de corrupción en las regiones".
De acuerdo con Naranjo, la operación cubrirá una extensa zona de los departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre (noroeste y norte), en donde existe un estratégico corredor que tradicionalmente han pretendido controlar los narcotraficantes para movilizar la droga hacia el Pacífico.
A los 3.000 efectivos de la Policía, el Ejército y la Marina, se suman unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), el servicio de Inteligencia y la Policía Judicial.
La operación fue ordenada por el presidente Juan Manuel Santos, quien este lunes, al instalar un Consejo Nacional de Seguridad, dijo que el tema de las bandas criminales (Bacrim) requiere una "acción integral y efectiva de todo el Estado", y se quejó por la falta de justicia contra sus integrantes.
"Del total de miembros de esas bandas que son capturados, solamente el 12% son condenados, y de ese 12%, tan sólo un pequeño porcentaje reciben condenas por pertenecer a esas bandas criminales", puntualizó.
Tras señalar que muchas veces esos delincuentes son condenados por crímenes que son excarcelables, Santos dijo que su gobierno ha notado "una falla en toda la cadena de la acción del Estado".
"Y por eso lo que nos propusimos en este Consejo es fortalecer los eslabones débiles de esa cadena", anunció el mandatario.
La iglesia Católica colombiana también se pronunció este lunes respecto a esas bandas en el inicio de la conferencia anual del episcopado colombiano.
El secretario de la conferencia, monseñor Juan Vicente Córdoba, dijo que con las Bacrim "no habría la posibilidad sino de que se sometan a la justicia", en alusión a mensajes que jefes de esas bandas han hecho llegar a jerarcas católicos para una posible negociación con el gobierno para su desmovilización.
Monseñor Julio Cesar Vidal, Obispo de Montería, capital del departamento de Córdoba (norte), el más golpeado por esos grupos criminales, dijo al respecto que "ellos (los integrantes de las Bacrim) no quieren una situación similar a la de México, sólo quieren que la iglesia les ayude a abrir un espacio para entregarse al gobierno".
El jerarca católico explicó que "ellos no están pidiendo mesas de diálogo como se hizo con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha armada), ni leyes especiales, están pidiendo un espacio. Y eso hay que darlo porque no son uno, dos o tres, son más de cinco mil personas", advirtió.
Según el gobierno, estas bandas, conformadas en su mayoría por miembros de los desmovilizados grupos paramilitares de extrema derecha y al servicio del narcotráfico, hacen presencia en al menos 16 de los 32 departamentos del país.
"Lo que estimamos es que directamente, contra las bandas criminales, independientemente del dispositivo de seguridad en la zona, hay por lo menos 3.000 efectivos", de los cuales cerca de 1.000 son de la Policía, dijo el director de esa institución, general Oscar Naranjo, a la radio Caracol de Bogotá.
La denominada operación "Troya" está programada para los próximos 90 días y es una acción que debería permitir "capturar a los responsables y cabecillas de las bandas criminales, pero también a integrantes de estas estructuras y a la delincuencia común que gira alrededor de esas bandas", indicó Naranjo.
El oficial aseguró que "la prioridad es neutralizar a estos delincuentes que están representando una amenaza grave para las comunidades y un desafío a las autoridades, y que adicionalmente no solamente generan violencia sino procesos de corrupción en las regiones".
De acuerdo con Naranjo, la operación cubrirá una extensa zona de los departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre (noroeste y norte), en donde existe un estratégico corredor que tradicionalmente han pretendido controlar los narcotraficantes para movilizar la droga hacia el Pacífico.
A los 3.000 efectivos de la Policía, el Ejército y la Marina, se suman unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), el servicio de Inteligencia y la Policía Judicial.
La operación fue ordenada por el presidente Juan Manuel Santos, quien este lunes, al instalar un Consejo Nacional de Seguridad, dijo que el tema de las bandas criminales (Bacrim) requiere una "acción integral y efectiva de todo el Estado", y se quejó por la falta de justicia contra sus integrantes.
"Del total de miembros de esas bandas que son capturados, solamente el 12% son condenados, y de ese 12%, tan sólo un pequeño porcentaje reciben condenas por pertenecer a esas bandas criminales", puntualizó.
Tras señalar que muchas veces esos delincuentes son condenados por crímenes que son excarcelables, Santos dijo que su gobierno ha notado "una falla en toda la cadena de la acción del Estado".
"Y por eso lo que nos propusimos en este Consejo es fortalecer los eslabones débiles de esa cadena", anunció el mandatario.
La iglesia Católica colombiana también se pronunció este lunes respecto a esas bandas en el inicio de la conferencia anual del episcopado colombiano.
El secretario de la conferencia, monseñor Juan Vicente Córdoba, dijo que con las Bacrim "no habría la posibilidad sino de que se sometan a la justicia", en alusión a mensajes que jefes de esas bandas han hecho llegar a jerarcas católicos para una posible negociación con el gobierno para su desmovilización.
Monseñor Julio Cesar Vidal, Obispo de Montería, capital del departamento de Córdoba (norte), el más golpeado por esos grupos criminales, dijo al respecto que "ellos (los integrantes de las Bacrim) no quieren una situación similar a la de México, sólo quieren que la iglesia les ayude a abrir un espacio para entregarse al gobierno".
El jerarca católico explicó que "ellos no están pidiendo mesas de diálogo como se hizo con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha armada), ni leyes especiales, están pidiendo un espacio. Y eso hay que darlo porque no son uno, dos o tres, son más de cinco mil personas", advirtió.
Según el gobierno, estas bandas, conformadas en su mayoría por miembros de los desmovilizados grupos paramilitares de extrema derecha y al servicio del narcotráfico, hacen presencia en al menos 16 de los 32 departamentos del país.
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