(Reuters) – La guerrilla izquierdista y las bandas criminales vinculadas con el narcotráfico representan un riesgo para las elecciones locales de octubre por su intención de interferir en el proceso en casi la cuarta parte de los municipios de Colombia, reconoció el viernes el Gobierno.
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que las amenazas se concentran en zonas con presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales dedicadas al narcotráfico conformadas por exparamilitares de ultraderecha.
“Las amenazas vienen de todos los grupos armados ilegales, que no desconocemos, que quieren participar en el debate y capturar las administraciones de aquellos sitios en donde tienen presencia territorial”, aseguró el funcionario en una entrevista con Reuters.
Vargas Lleras reveló el mayor riesgo se concentra en 51 municipios del país, donde existe presencia de rutas del narcotráfico y de grupos armados ilegales interesados en apropiarse de millonarios recursos por regalías de explotación de petróleo y carbón. El ministro dijo que otros 210 municipios están en observación.
Los municipios con alto riesgo y los que están bajo observación, representan un 23 por ciento de los 1.102 ubicados en los 32 departamentos del país.
Los colombianos irán a las urnas a finales de octubre para elegir alcaldes, gobernadores, concejales y diputados departamentales, en la primera prueba electoral para el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, quien busca evitar injerencia de los grupos armados ilegales en el proceso.
Vargas Lleras precisó que los pueblos con riesgo de que haya interferencia de los grupos armados ilegales están en todas las regiones del país.
RELACIONES PELIGROSAS
La organización electoral del país aún no tiene una cifra exacta del número de candidatos que participarán en los comicios porque no se ha cerrado la inscripción, pero se estima que serán miles para las alcaldías, gobernaciones, concejos municipales y asambleas departamentales.
“Lo que queremos evitar es la presencia de estos grupos armados ilegales en las relaciones que puedan tener con los candidatos en las respectivas regiones”, afirmó.
“Es una relación que puede ser de financiamiento de la campaña, de contribución o de presión a los ciudadanos para que voten por un candidato o se abstengan de hacerlo”, explicó el ministro quien sostuvo que está en marcha un dispositivo de seguridad para prevenir esas situaciones.
En los últimos años se conocieron denuncias de que políticos locales hicieron acuerdos con antiguos paramilitares de ultraderecha para garantizar su elección en prósperas zonas ganaderas y petroleras, mientras que otros recibieron apoyo de la guerrilla que obligó a los electorales a votar por ellos.
Los grupos armados ilegales que intervienen en el conflicto interno acostumbran a amenazar candidatos y hasta asesinarlos para presionar a los electores e imponer aspirantes afines a sus propósitos y la apropiación de recursos del Estado.
En las elecciones locales del 2007 se registraron 45 casos de amenazas, 28 atentados, cinco secuestros y 23 asesinatos de candidatos, de acuerdo con la Misión de Observación Electoral.
En lo que va del 2011, al menos 14 candidatos han sido asesinados, tres secuestrados, seis han sufrido atentados y 38 más han sido amenazados, según la misma organización que promueve la realización de comicios transparentes.
Vargas Lleras dijo que para buscar unas elecciones limpias el Gobierno estrenará una reforma política que incluye drásticas sanciones para los partidos que respalden candidatos con nexos con grupos armados ilegales o con el narcotráfico, que pueden llegar hasta su desaparición.
“Tienen interés en influir en el debate (los grupos armados ilegales) y apunta esta estrategia a evitar que eso ocurra”, comentó el ministro del Interior, refiriéndose al plan de seguridad y de prevención que impulsa el Gobierno.
