El Gobierno quiere dar la impresión de que aún maneja las riendas y de que la legislatura no está agotada. Por eso, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un decreto que contiene un amplio paquete de medidas económicas, sociales, y de apoyo a los emprendedores. Entre ellas ha incluido el techo de gasto para las comunidades autónomas, la ampliación de la protección a los embargados por impago de viviendas y además va a involucrar al Instituto de Crédito Oficial (ICO) en el pago que los Ayuntamientos hayan contraído con las pequeñas empresas, para aliviar la deuda municipal. Todas son medidas anunciadas esta misma semana en el Congreso.
Es la respuesta que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha querido dar al debate del estado de la nación, celebrado esta misma semana en el Congreso, a las dudas sobre la continuidad en el Gobierno del vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba y a las persistentes especulaciones sobre un posible adelanto electoral. Pero también es la estrategia del PSOE para relanzar en estos momentos la figura del nuevo candidato, a quien beneficia más que a nadie cualquier medida que pueda reforzar al Ejecutivo, y que ha sido el encargado, en solitario, de anunciar las nuevas medidas.
Pese a que el Gobierno se ha sentido reforzado tras el duelo parlamentario, pues ha logrado sacar adelante todas las iniciativas y ha demostrado que tiene aún músculo para mantenerse hasta el final de la legislatura, el próximo marzo, con el apoyo del PNV y Coalición Canaria, las encuestas no le han sido favorables. El líder de la oposición, Mariano Rajoy, habría sido el claro vencedor del debate del estado de la nación, según el sondeo flash de Metroscopia. Y ello a pesar de que los ciudadanos creen que ni el presidente ni Rajoy estuvieron a la altura del duelo.
Además, las especulaciones sobre si el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior y oficioso candidato socialista a las elecciones generales de 2012, debía permanecer en el Gobierno han sacado a la luz las opciones que se manejaban: aprovechar su nombramiento oficial el próximo 9 de julio para volcarse en hacer campaña o esperar al inicio del nuevo curso, en septiembre.
Un debate avivado ayer por el expresidente del Gobierno, Felipe González, que aseguró en una conferencia que la marcha de Rubalcaba debía producirse "ya", una recomendación que no le sentó nada bien al candidato, quien respondió: "Agradezco los consejos, pero que se los ahorren". En esta tesitura, se había llegado a plantear si al candidato le conviene que Zapatero mantenga el Gobierno hasta marzo o le sería más beneficioso un adelanto de las elecciones al próximo otoño.
Ante esta difícil situación en la que se estaba colocando al Gobierno, incluso por destacados dirigentes socialistas, Zapatero ha decidido tomar la iniciativa, seguir aplicando las reformas económicas que considera fundamentales para salir de la crisis, y, por tanto, aprobar el nuevo real decreto-ley.
Precisamente quienes aconsejaban la marcha del vicepresidente aseguraban que un Gobierno avocado a hacer nuevas reformas económicas solo podría perjudicar al candidato. La tesis que se plantea ahora es que si el Ejecutivo mantiene el control y evita dar la sensación de que la legislatura ya está agotada solo puede beneficiar al candidato, que mantiene dentro del Gobierno un alto perfil público.
Iniciativas del debate
El Gobierno ha aprobado las iniciativas anunciadas este miércoles por el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el debate sobre el estado de la nación: una recomendación a las comunidades para limitar el gasto de las autonomías, medidas para proteger a las familias hipotecadas frente a los embargos, una propuesta con la que el Ejecutivo hace un guiño al Movimiento del 15-M, el adelanto del pago a los proveedores municipales a través de una línea de crédito del ICO y el cambio del silencio administrativo negativo en las decisiones de la Administración por el silencio positivo. El real decreto-ley entrará en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado.
Una de las medidas más novedosas es la participación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en el pago a los proveedores de los Ayuntamientos y otras Administraciones públicas. Rubalcaba ha explicado que serán los Gobiernos municipales los que presenten al ICO las facturas a pagar, este las abonará a las empresas a través de entidades colaboradores y, después, el Ayuntamiento tendrá "tres años" de plazo para hacer frente a la deuda. Eso permitirá aliviar la deuda municipal -situada en casi 30.000 millones de euros, según las últimas cifras del Banco de España-, lo que repercutirá especialmente en muchas pequeñas empresas que se han visto abocadas a cerrar por no haber recibido el pago de los servicios contratados con Ayuntamientos.
Rubalcaba ha explicado que el dinero prestado a los municipios por el ICO tendrá un límite máximo del 25% del importe anual de las entregas a cuenta de los impuestos estatales de 2011. "Vamos a pedir a los Ayuntamientos empiecen a pagar a las empresas de menos de 250 trabajadores", ha recalcado el vicepresidente para señalar que la medida beneficiará sobre todo a las pequeñas empresas. Para ello, ha asegurado que se ha puesto a disposición del ICO "3.400 millones de euros para pagar esas facturas".
Con vistas a fomentar el tejido empresarial, el Gobierno también ha dado vía libre a una medida destinada a favorecer la financiación privada de empresas emprendedoras o pymes con dificultades para acceder al crédito. La opción elegida es a través de la fiscalidad. En concreto, se anima a los ahorradores privados a invertir en este tipo de sociedades hasta un máximo de 25.000 euros suprimiendo la tributación de las plusvalías que obtengan durante los primeros tres años. Para beneficiarse de esta medida, los inversores deberán permanecer en la sociedad un mínimo de tres años y un máximo de diez y no podrán ocupar cargos de dirección. Otra iniciativa que se ha puesto en marcha para facilitar el día a día de las empresas es que se instaura el silencio administrativo para algunos trámites con la Administración.
Esta iniciativa podría contar con el raro apoyo del PP. Así lo ha avanzado esta mañana su presidente, Mariano Rajoy, en su intervención en la inauguración de la XVIII Intermunicipal Popular en Sevilla. El líder popular ha asegurado, antes de conocer la adopción de la medida, que si el Gobierno la proponía su partido la secundaría, pese a que "llegaba muy tarde".
Gastar en función del crecimiento
Pensando en mantener la austeridad, el Ejecutivo ha cumplido hoy la promesa de establecer por ley un techo de gasto al Estado y a los Ayuntamientos en función del crecimiento. Así, a partir de ahora, se establecerá una media con la evolución del Producto Interior Bruto durante los cinco años precedentes, el año en curso y las previsiones de los tres ejercicios inmediatamente posteriores para fijar el máximo de dinero que podrán gastar estas Administraciones. En caso de crecer más de lo esperado, ha explicado el vicepresidente, se podrá ahorrar y acumular superávit por si en algún año de este periodo se da el resultado contrario y se no se alcanzan los objetivos previstos de PIB.
Además, el Ejecutivo también ha autorizado a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, a buscar un acuerdo con las comunidades para que se sumen a este medida. Según ha adelantado Rubalcaba, desde el Gobierno confían en que “será posible” llegar a un consenso con todas ellas para extender el principio de austeridad a todos los ámbitos de las Administraciones Públicas.
Las comunidades son la pata más débil del programa del Gobierno para reducir el déficit público, que según los cálculos del Ejecutivo debe volver al límite del 3% que impone Bruselas en 2013. De hecho, la mayoría de ellas superó a cierre del primer trimestre los objetivos comprometidos por el Ministerio de Economía ante la Unión Europea en su último plan de estabilidad.
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