Diputados y dirigentes políticos de la oposición introdujeron una acción de amparo constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, porque presuntamente se están violando los derechos humanos de los ciudadanos al ser multados por no disminuir el consumo de electricidad.
El diputado de la Asamblea Nacional Alfredo Ramos aseguró que “es inaceptable que un Gobierno que ha recibido más de 990 mil millones de dólares todavía el sector eléctrico no se haya recuperado en el país producto de la ausencia de inversión”.
Por su parte, José Gregorio Guedez, de la dirección nacional de Causa R, describió que ahora que el servicio público de energía electrica está totalmente centralizado y estatizado, “además de que no funciona y que el servicio está deteriorado, el Ministerio no responde por los daños y perjuicios que causa por la mala prestación de servicio, en vez de asumir sus responsabilidades”.
