Este domingo, Reynaldo Hidalgo, vocero y encargado de medidas especiales de la Comisión Presidencial para el Desarme, ofreció detalles sobre el desarme en el país y las nuevas medidas que adelanta el Gobierno Nacional para solventar la crisis de inseguridad y violencia generalizada en Venezuela.
Según reseñó el Diario El Tiempo, en una nota de Juan Carlos Figueroa, aunque el gobierno no publica cifras oficiales de homicidios desde 2005, el ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, reveló en febrero que la tasa de asesinatos se ubicó el año pasado en 48 por cada 100 mil habitantes. El índice, aunque es menor al que registran varias ONG, duplica el promedio de toda Latinoamérica, que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ubica en 23 por cada 100 mil habitantes.
“Para encarar con responsabilidad la promesa del desarme, se debe comenzar por aclarar la situación en torno al armamento legal en el país”. Eso cree Reynaldo Hidalgo, vocero y encargado de medidas especiales de la Comisión Presidencial para el Desarme.
La instancia a la que pertenece fue creada en mayo pasado por el presidente Hugo Chávez y representa el último gran esfuerzo del Gobierno para calmar la violencia en Venezuela. Ésta última, la mayor de las promesas.
Aunque el gobierno no publica cifras oficiales de homicidios desde 2005, el ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, reveló en febrero que la tasa de asesinatos se ubicó el año pasado en 48 por cada 100 mil habitantes. El índice, aunque es menor al que registran varias ONG, duplica el promedio de toda Latinoamérica, que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ubica en 23 por cada 100 mil habitantes.
La información oficial también da cuenta de que las armas de fuego son las más usadas en los crímenes: La encuesta de victimización realizada por la Vicepresidencia de la República y el Instituto Nacional de Estadística -que se filtró a la prensa en 2010-, evidenció que 79,48% de las personas asesinadas fueron víctimas de tiros en 2009.
Todo indica que la ecuación “más control de armas igual a menos asesinatos” es correcta, y es justo hacia allá a donde Hidalgo dice que apunta la comisión. Pero el descontrol tiene mucho terreno ganado.
Registros perdidos
“Lo cierto es que no existen registros confiables sobre las armas legales en el país”, declaró Hidalgo a El Tiempo. El abogado, quien también fue secretario del Consejo Nacional de Prevención y Seguridad Ciudadana (creada por Chávez en 2009), habla precisamente del armamento en manos de civiles que el Gobierno ha autorizado y sobre los que debería ejercer vigilancia.
Al no tener datos limpios sobre el lote de armas lícitas, dijo, no se puede ni proyectar la magnitud del problema del mercado ilegal: “Tenemos registros oficiales deficientes y así no se puede hacer un diagnóstico”.
La historia de estas irregularidades en los registros parece evidenciarse en los datos ofrecidos por las propias autoridades sobre los portes legales de armas.
En mayo de este año, la Dirección de Armamento y Explosivos (Daex) informó a la Comisión Mixta de Política Interior y Defensa del Parlamento que en el país se han autorizado, hasta este año, 25 mil 940 portes. Pero la cifra se queda muy pequeña en comparación con el número de permisos contabilizados en 1999.
Roberto Andara Castillo fue titular de la Dirección de Armas y Explosivos entre marzo y noviembre de 1999. Para entonces, la oficina estaba adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores (MRI) a cargo de Luis Miquilena. Desde el 16 de julio de 2000, la emisión y control de permisos pasó al Ministerio de la Defensa, (Dirección de Armamento de la Fuerza Armada, Darfa).
Andara informó que en esos ocho meses que estuvo a cargo de la dirección, se registraron cerca de 84 mil portes lícitos. La cifra da cuenta de los que están en manos de ciudadanos. No incluye las armas de policías y compañías de seguridad. “Es irregular que ahora digan que hay sólo 25 mil. El comportamiento normal es que el número haya aumentado”.
Para dar una explicación sobre esta incongruencia en los datos, Hidalgo señaló: “Los registros anteriores, en manos del MRI, desaparecieron… No se conoce su paradero”.
El funcionario indicó que la pérdida de los registros se produjo entre 2002 y 2005, y asevera que eso ocurrió por el traspaso de funciones entre los ministerios, pero para el periodo que menciona ya los tenían tiempo en manos del despacho de la Defensa. La comparación de ambas cifras (1999 y 2011) arroja que al menos 58 mil armas desaparecieron de la data; es decir, pasaron a ser ilegales.
El Tiempo procuró obtener información de la Daex; pero en ninguno de los reiterados intentos tuvo éxito.
De legales a ilegales
Hidalgo aclaró que los actuales registros sólo dan cuenta de las armas autorizadas desde 2005 hasta la fecha. “La Daex ha intentado hacer distintos operativos en los últimos años con el propósito de legalizar las armas que estaban registradas y que desaparecieron”, explicó.
Justo en el periodo en el que Hidalgo dice que se perdieron los registros, hubo dos grandes movidas en relación con la renovación y aprobación de portes de armas.
El primero se llevó a cabo luego de la publicación en Gaceta Oficial de la vigente Ley de Desarme, el 20 de agosto de 2002. Una de las disposiciones transitorias de la ley ordenó renovar el porte de arma, en un plazo no mayor a 90 días, a todas las personas que todavía tuvieran el documento expedido por el MIJ.
El segundo procedimiento se realizó el 26 de abril de 2004. El entonces ministro de Defensa, Jorge García Carneiro, suspendió todos los portes de armas y ordenó la renovación del registro, también en un plazo de tres meses.
No se sabe si los datos se perdieron antes o después de los dos procedimientos. Lo que sí se conoce es que nunca se aclaró cuáles de las 84 mil portes de 1999 se volvieron a registrar. En palabras de Hidalgo: “Como no se cuenta con la data inicial, no se ha podido comparar los registros para ver si la gente que estaba autorizada actualizó su registro después. Es decir, la Daex comenzó desde cero en el 2005”.
Irregular y sospechoso
Roberto Andara lo explica de forma sencilla: “El propósito de asignar un porte de arma es tener a un responsable del uso que se le dé a esa arma. Si no están registradas, se puede delinquir con ellas sin que luego se sepa a quiénes pertenecen”.
Andara considera insólita la pérdida de los registros. “Existían soportes tanto en disco duros como en físico. Recibos, planillas. Es inaudito que digan que se perdieron. ¿Cómo se pierde todo eso?”.
Para Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano, la pérdida de estos archivos, más que irregular es sospechosa: “Es un hallazgo, que queda en una vocería oficial, del reconocimiento de un propósito deliberado de opacidad sobre el control de armas en el país, por acción u omisión”.
“Los registros se perdieron en el periodo más radical”
Rocío San Miguel, de Control Ciudadano, considera que el extravío de los registros de porte de armas no se puede leer aisladamente. “El problema es que está planteado que el período de mayor virulencia en la radicalización del proceso revolucionario ocurre entre 2002 y 2005, justo cuando dicen que se perdieron los registros”.
San Miguel recuerda que en esos tres años fue de conocimiento público el accionar de colectivos y de grupos armados chavistas. “Hay una hipótesis de trabajo intelectual que supone que se trató de armar a una parte de la población. Los ‘Círculos Bolivarianos’ protagonizaron en esa época hechos públicos y reseñados de violencia, donde se valieron del uso de armas de fuego”.
“Aquí hay una responsabilidad estatal sobre el control de las armas que parece eximirse de una manera alegre. Alguien tiene que responder ”.
Mientras se aclara la situación, la sospecha se mantendrá. “Se tiene que investigar si hay concatenación, si es simple casualidad o si hay un plan fraguado desde algún sector en esa dirección. Las tres hipótesis apuntan a elementos que tendrían carácter penal”.
Para San Miguel, el caso de los registros de portes muestra la falta de transparencia con la que se maneja el control de armas en Venezuela.
12 años, 16 proyectos de seguridad y cinco planes de desarme
No es primera vez que suena la promesa del desarme. Así como la hace hoy la Comisión Presidencial, la hicieron en su momento al menos otros cinco planes, cada uno de un ministro diferente. Estos proyectos se inscriben en un grupo más grande de 16 planes anunciados en los 12 años del gobierno de Hugo Chávez Frías.
Desde el plan de desarme carcelario del ex ministro Luis Miquilena en 1999, hasta la creación en 2009 del Consejo Nacional de Prevención y Seguridad Ciudadana, el ofrecimiento se ha repetido una y otra vez.
El criminólogo Fermín Mármol García cree que la falta de voluntad política es lo que explica que no haya alcanzado la meta. Pone como ejemplo el Plan Simón Bolívar, proyecto de gobierno propuesto por el jefe de Estado para su período 2007-2013. “No hay ni una sola página de esta estrategia dedicada al problema de la inseguridad”.
Mármol García cree que el cambio constante de ministros ha afectado la continuidad de las políticas de seguridad. En la gestión de Chávez, ha habido nueve titulares de Interior y Justicia.
Sobre el trabajo de la Comisión para el Desarme, dice que busca medidas efectistas más no efectivas. Menciona la prohibición de porte de armas en el transporte público. “¿El gobierno cree que sólo con un decreto lo logrará? ”.
Freddy Bernal, diputado del Psuv y miembro de la Comisión, informó esta semana que estudian nuevas medidas: prohibir el porte de armas en lugares de esparcimiento público, suspender por 180 días la importación y comercialización de armas.
También prevén suspender por el mismo lapso de tiempo la emisión de nuevos portes.
Rocío San Miguel señala que es muy difícil que la población confíe en la efectividad de la actual Comisión.
Recuerda la Ley de Desarme aprobada en 2002. “Tenemos una ley de la que no se ha cumplido ninguna disposición, simplemente por falta de voluntad del Estado”.
“En Control Ciudadano creemos que la situación de armas legales es la única radiografía metodológica que nos permite desentrañar las fallas del control de armas. A partir de allí podemos aclarar el panorama del mercado… Venezuela tiene una producción de armas completamente inauditable”.
Refiere que ni la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) ni la Daex dan cuenta de la cantidad de armas que se fabrican en el país. Lo mismo sucede con las importaciones. “El Estado está produciendo armas y municiones que alimentan los muertos en Venezuela y está obligado a responder”. Si existe verdadera voluntad para desarmar – dice – el Gobierno debe comenzar por aclarar dudas.
El millón de portes
Son varias las cifras que no cuadran con el último reporte de la Di- rección de Armas y Explosivos (Daex) del Ministerio de Defensa. En el año 2006, el entonces ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón, informó que en el país existían cerca de seis millones de armas en manos de la población. Una nota de prensa de su despacho (publicada el 4 de julio del referido año), aseguró que el Darfa (antecesora de Daex) tenía registrada un millón 500 mil armas. De este número, decía la nota institucional que sólo 200 mil tenían experticia digital balística.
Otra cifra diferente ofreció Juan José Mendoza, diputado del Psuv y presidente de la Comisión de Seguridad de la anterior Asamblea Nacional. En 2009, el parlamentario aseguró que existían en el país entre nueve y 15 millones de armas. En enero de 2010 habló de 12 millones. En relación con el número de armas legales, la instancia que dirigió manejaba la cifra de un millón 300 mil portes lícitos de armas registradas. La cifra fue reseñada en un reportaje del medio oficial “Correo del Orinoco”, publicado el 9 de septiembre de 2010.
Por: Juan Carlos Figueroa
El Tiempo 
