(dpa) - El FBI de Estados Unidos está buscando el testimonio de exparamilitares colombianos en el marco de investigaciones sobre la presunta financiación de multinacionales estadounidenses a los grupos armados de ultraderecha, informa hoy el diario “El Tiempo” de Bogotá.
Según la publicación, varios exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desmovilizadas entre 2003 y 2006, han sido visitados en la cárcel en los últimos cuatro meses por dos agentes del FBI, que les han ofrecido ayuda para que obtengan beneficios judiciales a cambio de actuar como testigos.
“El Tiempo” señaló que los investigadores han estado acompañados de funcionarios de la Policía Judicial de Colombia y su trabajo “ha causado cierta inquietud, no solo entre los ex ‘paras’, sino en la propia Fiscalía”.
“El objetivo es reclutarlos para que atestigüen en dos cortes de Estados Unidos, donde se adelantan investigaciones civiles y criminales contra compañías (estadounidenses) por estos giros ilegales (a los paramilitares)”, según el diario.
“Nos están proponiendo que testifiquemos ante una fiscal Elisa Pottea, de Washington, y a cambio nos ofrecen gestionar una rebaja del 25 por ciento de la pena en Colombia, libertad condicional y la posibilidad de viajar a Estados Unidos, en calidad de testigos protegidos, con visa para toda la familia”, dijo uno de los reclusos al periódico bogotano.
La versión indica que los agentes del FBI han mostrado especial interés en entrevistarse con tres reclusos que son investigados por el asesinato de tres sindicalistas de la multinacional carbonífera estadounidense Drummond en Colombia.
Esa empresa fue investigada en el estado norteamericano de Alabama por el caso del asesinato de sindicalistas colombianos y en 2007 fue absuelta.
Sin embargo, el sindicato de la Drummond en Colombia demandó luego en Estados Unidos a la multinacional, a la que acusa de dar dinero a las AUC desde 1999 para recibir “protección” ante posibles ataques de grupos guerrilleros.
La multinacional bananera estadounidense Chiquita Brands admitió haber entregado 1,7 millones de dólares a los grupos paramilitares colombianos, por lo que en 2007 fue condenada en Estados Unidos a pagar una multa de 25 millones de dólares.
La bananera fue condenada por violación de las leyes antiterroristas de Estados Unidos por financiar las actividades de las AUC entre 1997 y 2004.
Se estima que entre esos años fueron asesinadas por los paramilitares al menos 11.000 personas en la zona de Urabá, donde se encuentran las principales plantaciones de banano en Colombia.
