AVN.- Reinaldo Hidalgo, coordinador de Aspectos Jurídicos y Medidas
Especiales, hizo un llamado a las empresas de transporte público y a los
terminales de pasajeros, para que cumplan la resolución sobre
prohibición de porte de armas y municiones.
“Tanto los terminales de pasajeros como las empresas de transporte que no
cumplan con las normas de seguridad emitidas en la resolución, pueden
ser objeto de sanciones y estas pueden llegar incluso hasta la suspensión de la
licencia para operar”, destacó Hidalgo.
Explicó que la resolución obliga a que tanto los empresarios transportistas
como los gerentes de los terminales, públicos y privados, deben invertir
en la instalación de los mecanismos y sistemas de seguridad necesarios
para evitar la circulación de armas de fuego y municiones en las unidades y
espacios destinados al abordaje y desembarque de pasajeros.
“El destinatario de la norma es el empresario transportista, es la gerencia y
administración del terminal, que está en la obligación de instalar
mecanismos y sistemas de seguridad que impidan el acceso de personas armadas a
las unidades de transporte y que circulen por las instalaciones de los
terminales”, expresó.
Al respecto, aclaró que la prohibición que dicta la resolución “va dirigida a
la ciudadanía que porta armas de fuego, mientras que las medidas de seguridad
son competencia de las empresas transportistas y los terminales”.
Responsabilidad, severidad y control
Hidalgo reiteró que los mecanismos de control y prevención a nivel de acceso
de las armas de fuego en las unidades de transporte y espacios de terminales,
“son responsabilidad de las empresas transportistas y del terminal. Por tal
razón, el llamado es a que asuman la responsabilidad que en el ámbito de
la seguridad les corresponde”.
Instó también a las empresas de transporte público a ser más severos con la
supervisión de los choferes, pues “deben hacer una verificación rigurosa
de los listines de salida y de ingreso a los terminales de pasajeros,
con el fin de evitar la recolección de pasajeros en la ruta, es decir, que no
conviertan una ruta expresa en una ruta abierta”.
Sobre la acción de los organismos de seguridad, Hidalgo indicó que tanto los
funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana como del Instituto Nacional de
Transporte Terrestre (INTT), están aptos para aplicar las sanciones
correspondientes por el incumplimiento de esta normativa.
“El Intt tiene la plena competencia en el caso de detectar
irregularidades para proceder a la aplicación de sanciones que pueden
ir desde tributarias hasta la hasta la suspensión o cancelación de la licencia
para operar”, comentó.
Sobre este punto, agregó que los organismos de seguridad del Estado están en
la obligación de hacer el trabajo que le corresponde a nivel de supervisión y
control, “y son además los organismos encargados del decomiso de armas cuando
éstas sean detectadas”.
“El llamado que tienen los organismos de seguridad es a que apliquen las
sanciones desde ya. Desde el 25 de noviembre pasado los organismos de seguridad
del Estado están autorizados para aplicar las sanciones que sean necesarias, en
todos los terminales, tanto públicos como privados”, agregó Hidalgo.
Instó a la colectividad a realizar denuncias ante cualquier organismo
de seguridad ciudadana que se encuentre en los terminales si observan
alguna irregularidad sobre porte de armas de fuego.
Todos deben cumplir
La resolución que prohíbe el porte de armas en terminales y unidades de
pasajeros establece que, en caso de incumplimiento a lo establecido, a los
terminales se les aplicarán sanciones administrativas y/o tributarias
correspondientes, según la normativa contenida en el ordenamiento jurídico
vigente.
En el mayor de los casos, se podrá revocar la Licencia de Operación del
Terminal o de la ruta de las empresas de transporte.
En el caso de los civiles que porten armas de fuego y que no están entre las
excepciones de la normativa, Hidalgo resaltó que si intentan trasladar sus armas
en terminales y unidades de transporte, se les decomisará y se anulará
su permiso de porte.
