EFE-La expresidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, se declaró hoy inocente al inicio del juicio que afronta por supuesto fraude en los comicios legislativos de 2007, delito por el que puede ser condenada a cadena perpetua.
Arroyo, detenida el pasado 18 de noviembre, fue conducida por efectivos de las fuerzas de seguridad al Tribunal de Pasay, en Manila, desde el hospital militar en el que está bajo arresto desde que el Ministerio de Justicia consideró que existía el riesgo de que se fugara de Filipinas.
"No soy culpable", fue lo único que dijo la exmandataria ante el juez en el transcurso de la primera comparecencia, de apenas diez minutos de duración y a la que acudió acompañada de su marido, el polémico empresario José Miguel Arroyo, y uno de los hijos del matrimonio, el congresista Diosdado Arroyo.
La expresidenta, con el collarín entorno al cuello que porta desde que le fue diagnosticada una dolencia en las vertebras cervicales hace varios meses, apareció con un aspecto relajado y saludó con gestos al puñado de partidarios que se congregó para apoyarla.
Incluso, Arroyo, quien sostiene que es objetivo de una persecución urdida por su sucesor, el presidente Benigno Aquino, posó para los reporteros gráficos antes de subirse en el vehículo que la trasladó de regreso al hospital en el está custodiada.
Durante la breve vista del primer juicio al que Arroyo es sometida, el magistrado Jesus Mupas, anunció que el proceso se reanudará el próximo 19 de abril, aunque puntualizó que no será requerida la presencia de la imputada.
Arroyo está acusada de manipular las elecciones legislativas celebradas en 2007 para favorecer a los doce candidatos al Senado de su partido en la región autónoma musulmana de Mindanao, al sur del país.
Según la fiscalía, Arroyo ordenó alterar el resultado arrojado por las urnas la provincia de Maguindanao, en complicidad con Andal Ampatuan, patriarca de un influyente clan familiar y gobernador provincial entones, quien además está siendo juzgado por su presunta implicación la matanza, en 2009, de 57 personas vinculadas a su principal rival político.
Tanto Ampatuan como el expresidente de la Comisión Electoral Benjamín Abalos y el exsupervisor electoral Lintang Bedol, quien confesó haber participado en el fraude e identificó a sus supuestos cómplices, están imputados por el mismo caso que Arroyo.
El marido de Arroyo, también implicado en varios supuestos casos de corrupción, declaró a la prensa a su salida del tribunal que su esposa es víctima de "una injusticia".
Por su parte, el Gobierno de Benigno Aquino dio la bienvenida al juicio de la expresidenta.
"Filipinas está un paso más cerca de cerrar las numerosas polémicas que han lastrado al país durante el Gobierno anterior. Dejemos hacer su trabajo a la Justicia", afirmó en un comunicado el portavoz presidencial, Edwin Lacierda.
Desde que Aquino asumió la jefatura de Estado en junio de 2010, el juicio de Arroyo y de sus colaboradores ha sido una de las prioridades del actual Ejecutivo mediante comisiones creadas con el único propósito de investigar la gestión llevada a cabo por los exgestores del Estado filipino.
"No hay excepciones en nuestra campaña contra la corrupción. No debería importar si uno es presidente o está en el escalafón más bajo del servicio público. El que es deshonesto debe rendir cuentas", dijo Aquino esta semana.
Uno de los supuestos aliados de la acusada, el presidente del Tribunal Supremo, Renato Corona, está sometido desde hace un mes a un proceso de destitución por supuesta dejación de sus funciones y corrupción que está en manos del Senado.
El Tribunal Superior facilitó a Arroyo un permiso de viaje por motivos médicos el pasado noviembre pese a la orden contraria del Gobierno, que consideraba que existía riesgo de fuga.
Pocos días antes de que fuera detenida, intentó viajar a Singapur, aunque la Policía le impidió acceder a la zona de embarque en el aeropuerto de Manila.
Sobre la exmandataria también pesa la denuncia formal de que financió las campañas electorales en 2004 y 2007 con fondos públicos de asistencia a los trabajadores filipinos.
Las autoridades también investigan la supuesta participación del marido de la expresidenta en la venta que hizo a la Policía de unos helicópteros de segunda mano que cobró como si fuesen nuevos.
Hasta el momento, ninguno de los delitos atribuidos a Arroyo y a su esposo han sido probados en un tribunal de justicia.
