Placas sin Ley. Estado impune. Esta semana, Human Rights Watch hacía publicó un informe (“No tendrán paz mientras vivan”) que documenta decenas de asesinatos extrajudiciales cometidos en Burundi por agentes del Estado y miembros del partido gobernante, así como por grupos armados de la oposición.
Según la organización, el inicio de estos crímenes se remonta a las elecciones de 2010 ganadas por el presidente Pierre Nkurunziza y su partido CNDD-FDD, y son reflejo de la impunidad reinante, la incapacidad del Estado de proteger a sus ciudadanos y la ineficacia del poder judicial.
“Cada vez que denunciamos violencia política, recibo llamadas desde el Ministerio del Interior que amenazan con cerrar nuestra sede. Ya he recibido cuatro advertencias. Dos en 2011 y dos en 2012”, denuncia Pierre Claver Mbonimba, un destacado activista de derechos humanos que ha documentado, solo entre el periodo entre mayo y julio de 2011, cerca de 123 ejecuciones (el número total de los últimos dos años se acercaría a las cerca de 300 muertes).
Éste es el caso de la masacre cometida en la localidad de Gatumba, donde 37 personas fueron asesinadas el pasado mes de septiembre. Sin embargo, pese a que el Gobierno estableció una comisión para investigar los ataques, el informe final -realizado en octubre- aún no ha visto la luz pública.
“En todo este tiempo, solo uno de los testigos de Gatumba fue contactado por los investigadores gubernamentales”, denuncia Mbonimba.
La situación no se limita a Burundi. Según la Comisión de Derechos Humanos de Nigeria, cada año, las fuerzas del Estado son responsables de más de 2.500 ejecuciones extrajudiciales. De igual modo, en 2010, el general ruandés Faustin Kayumba Nyamwasa (buscado por la Audiencia Nacional española) sufría un atentado en su exilio de Sudáfrica. Una práctica -el ataque a desterrados políticos- de la que se acusa al Gobierno de Kigali de realizar con bastante premura.
El caso de Kenia
Especialmente sangrante es el caso de Kenia. En 2009, Oscar Kamau Kingara y John Paul Oulu, dos prominentes activistas locales, fueron asesinados a tiros en la capital del país, Nairobi, mientras se dirigían a una reunión con miembros de la Comisión de Derechos Humanos de Kenia.
Solo dos años antes, su fundación había publicado un informe titulado “Licencia para matar: ejecuciones extrajudiciales y brutalidad policial en Kenia”, en el que documentaban 8.040 casos de tortura y asesinatos cometidos por oficiales de la Policía en el marco de una supuesta operación contra la secta local conocida como los “mungiki”.
Y la situación tampoco ha cambiado demasiado. Según la organización Release Political Prisoners, en lo que va de año, cerca de 100 casos de ejecuciones extrajudiciales que involucran a la Policía se han producido en todo el país.
“Los asesinatos son en su mayoría de jóvenes residentes en Nairobi, el valle del Rift y las provincias Orientales. Es imposible que las fuerzas del orden se investiguen a sí mismas en estos casos. Necesitamos un órgano independiente para que se haga justicia”, reconoce el portavoz de la organización, Shalmat Naumi.
Ya el pasado año, el Barómetro Global de la Corrupción -una encuesta realizada entre más de 91.000 personas en 86 países- denunciaba que el 92% de los kenianos consideraba a la Policía una organización “corrupta”.
ABC
