Al Gobierno de Mariano Rajoy se le exige que rebaje el déficit público a toda máquina, y que lo haga con el viento en contra de una nueva recesión, más fuerte con cada ajuste presupuestario. La corriente de opinión que reclama objetivos de déficit menos exigentes entreabrió ayer la puerta de la Comisión Europea. Pero mientras Europa busca las vueltas a un dilema endiablado, el Ejecutivo del PP ofrece su respuesta: subidas de impuestos en la primera mitad de legislatura y un recorte sin precedentes del gasto público. En el programa de estabilidad enviado esta semana a Bruselas, el tamaño del Estado español quedaría reducido a niveles solo comparables, en la UE, al de los países de Europa del Este.
El plan español anticipa que el gasto público pasaría, en esta legislatura, de equivaler a un 43,6% del PIB, que es como cerró 2011, a rondar el 37,7% del PIB cuatro años después. En 2015, según estas estimaciones, Administración central, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos tendrían que haber ahorrado cerca de 32.000 millones de euros. Nunca se ha hecho un esfuerzo así en una legislatura, un tijeretazo que haría retroceder el gasto público español a registros similares a los del inicio de la década de los ochenta del siglo pasado, justo antes de que España entrara en la Comunidad Económica Europea, el embrión de la UE.
Los países bálticos, y otros antiguos regímenes comunistas, están entre los que menos recursos destinan al Estado: en 2015, según sus cuentas, el gasto público apenas superará el 30% del PIB. En un ejemplo de libro de la ley del péndulo: economías dominadas por la presencia estatal hasta la caída del muro de Berlín, se las ven y se las desean para recomponer el sistema tributario, lo que redunda en redes de protección social muy débiles. Además, juegan a fondo la baza de competir en (bajos) costes, de devaluar todo lo devaluable, impuestos y moneda incluidos. Más aún después de dejarse el 15% del PIB en 2009, como le ocurrió a Lituania, Letonia y Estonia.En las previsiones presupuestarias que han remitido todos los Gobiernos europeos a la Comisión —faltan Austria, Chipre, Grecia, Italia, Francia y Polonia, que solo ofrecen datos hasta 2014—, hay un recorte generalizado del gasto público, fiel reflejo de la política de austeridad fiscal imperante en la UE, ahora en cuestión por sus escasos resultados y por el hipotético cambio de signo político en Francia. Solo media docena de países plantean un recorte de gasto público más exigente que el español en estos cuatro años, entre ellos Irlanda (con un déficit aún mayor, tuvo que ser rescatada por la UE), Reino Unido (Rajoy ensalzó las primeras medidas del Gobierno de David Cameron), Eslovenia y dos países bálticos, Letonia y Lituania.
Es con esos países con los que emparenta el objetivo de gasto previsto por el Ejecutivo de Rajoy para 2015, un 37,7% del PIB. Hay, también, diferencias sustanciales: en las cifras desplegadas por el Gobierno español, las transferencias sociales mantienen su protagonismo, hasta el punto de que en 2015 equivaldrían a la mitad del gasto público.
Más dudas despierta la evolución prevista en la remuneración de los asalariados públicos. Rajoy ha insistido en que no bajará el sueldo a los funcionarios, en que esa es otra línea roja. Pero plantea el mayor recorte del gasto en los empleados públicos (del 11,5% al 9,2% del PIB) de toda la Unión Europea. Superior incluso al de Portugal, otro país rescatado.La pretensión de mantener el gasto en transferencias sociales es coherente con lo dibujado en el primer presupuesto de los populares y con dos de las tres últimas líneas rojas que le quedan a Rajoy por traspasar: pensiones y prestaciones por desempleo.
Un breve repaso a las medidas planteadas por el Gobierno luso dan idea de en qué puede traducirse un recorte así: supresión de 30.000 empleos públicos (interinos y personal con contrato laboral) antes de 2014, bajadas de sueldo cercanas al 20% con la eliminación de pagas extraordinarias y cambios normativos para despedir a funcionarios.
Las comunidades soportarán también el grueso del recorte previsto en consumos intermedios (del 5,4% al 3,7% del PIB), en los que el mantenimiento de equipos sanitarios y el gasto en medicamentos tienen un peso determinante. El recorte en inversión pública (y en las transferencias de capital) es la tercera pata del plan de Rajoy. Y una diferencia llamativa con la anterior propuesta socialista. El tijeretazo a la inversión, como ya es patente en las partidas de infraestructuras y de investigación de los Presupuestos de 2012, estaría también entre los más significativos de la UE. De nuevo, solo detrás del que preparan los países bálticos.El Gobierno socialista planteaba, en su último programa de estabilidad, una previsión similar a la que ahora esgrime el PP. Pero partía de unabajada generalizada del sueldo de los funcionarios (un 5%), la medida que los populares descartan. A cambio, el Gobierno de Rajoy esgrime en su programa de estabilidad medidas de las comunidades autónomas, que emplean a más del 60% de los trabajadores públicos: “Limitación del número de efectivos, control de horas extraordinarias, no reposición, no convocatoria y amortización de plazas, aumento de la jornada máxima anual, reducción del número de liberados sindicales, reducción del número y retribuciones de los altos cargos de la Administración y de los entes públicos empresariales...”.
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