AFP) – La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, llega el martes a la mitad de su mandato, luego de dos años gastados en vanos intentos por remendar las fisuras fiscales del país, con la popularidad por los suelos y una extensa lista de promesas electorales incumplidas.
“Definitivamente son dos años perdidos. Y uno podría decir peor: son dos años de retrocesoen el manejo de la cosa pública y de pérdida de credibilidad de la ciudadanía hacia la clase política”, dijo a la AFP el politólogo Víctor Ramírez.
A la vuelta de dos años, una encuesta de la firma Unimer publicada a comienzos de mayo refleja que sólo el 17% de la población califica como “buena” o “muy buena” la gestión de la mandataria, contra un 44% que la califica de “mala” o “muy mala”.
“Creo que quienes votaron por Chinchilla, en términos generales están profundamentearrepentidos y decepcionados“, expresó por su parte el secretario general de la poderosa Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, cuyo sindicato representa a uno de cada 15 asalariados del país.
Un largo y fallido combate del gobierno para subir los impuestos exigió “un exceso de atención en los últimos ocho meses, se invirtió un gran capital político e implicó un desgaste muy grande, al punto de que muchos costarricenses consideran que la situación económica no está tan bien como (en realidad) está”, opina el ministro de Comunicación, Francisco Chacón.
Chinchilla, la primera mujer que llega a la presidencia en Costa Rica, inició su mandato el 8 de mayo de 2010 tras haber sido electa con casi 50% de votos representando al Partido Liberación Nacional, que de la socialdemocracia original viró hacia las políticas liberales.Pero la variopinta oposición de cinco bancadas parlamentarias también arrastra su cuota de ineficiencia, ya que durante un año destronaron al oficialismo del control de la cámara única pero sin haber logrado en ese periodo hacer avanzar ningún proyecto clave.
Desde sus primeros días de gobierno, la presidenta –una tecnócrata con un máster en seguridad en la washingtoniana universidad de Georgetown– se lanzó a batallas mas o menos impopulares.
La primera fue su plan para subas generalizadas de impuestos para paliar un déficit cercano al 5% del Producto Interno Bruto (PIB), el más alto de América Latina.
El plan, basado mayoritariamente en impuestos al consumo, tenía como meta recaudar 900 millones de dólares anuales, o su equivalente de 1.000 dólares anuales por familia en un país donde el salario mínimo es de 400 dólares y aún no se recuperan los niveles de empleo previos a la crisis de 2008.
Pese a la oposición de otros partidos, sindicatos y cámaras empresariales, el proyecto pasó con fórceps la primera lectura en el Congreso, pero naufragó en la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia por tecnicismos.
A la lucha por subir impuestos, se sumó un largo conflicto por una pequeña isla fluvial con Nicaragua, plagado de frases provocadoras –de ambas partes– que exacerbaron el nacionalismo y crisparon a Costa Rica, donde 1 de cada 7 habitantes es inmigrante nicaragüense o hijo de emigrante nicaragüense.
Los sondeos muestran que actualmente, una gran mayoría opina que la presidenta no ha cumplido sus promesas de campaña, centradas en mejorar la educación, construir viviendas, reducir la inseguridad y mejorar la infraestructura.
Además, Chinchilla ha enfrentado una grave crisis financiera de la Caja Costarricense del Seguro Social, durante décadas emblema del Estado de bienestar de este país, y que como consecuencia de la mala administración de muchos años legó al borde de la quiebra.
El corolario de la larga lista de dificultades han sido recientes escándalos de corrupción que involucran a funcionarios muy cercanos a la mandataria, incluido el exministro de Hacienda Fernando Herrero y su esposa, la exasesora presidencial, Flor Isabel Rodríguez, forzados a dimitir.
Chinchilla ha pedido a diferentes sectores una “tregua” para los dos años que le quedan de gobierno, pero ninguno de los aludidos está dispuesto a concedérsela sin condiciones previas.
“La mejor tregua son los planteamientos de diálogo social con negociación que venimos pidiendo desde hace tiempo y a los que el gobierno no ha respondido más que con un frío acuse de recibo”, replicó el sindicalista Vargas.
