El Congreso de Honduras destituyó en la madrugada del miércoles a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que declararon inconstitucional un plan de depuración de la policía, infiltrada por el crimen organizado, informaron fuentes legislativas.
Con una clara votación de 97 a favor de los 128 diputados de cinco partidos, el Congreso aprobó una moción de una comisión que "pide la destitución de los (cuatro) magistrados".
La moción fue elaborada por los miembros de una comisión especial nombrada la noche del lunes para investigar a los magistrados de la Sala Constitucional que hace trece días fallaron contra la disposición legislativa de someter a pruebas antidrogas y al detector de mentiras a policías, como parte del proceso que busca sanear a la institución de 14.000 miembros.
El opositor Wenceslao Lara, señaló en declaraciones a periodistas que se estaba dando "un golpe técnico" al poder Judicial y en la sesión advirtió que era una "violación de la Constitución" que conllevaba responsabilidad penal.
El 28 de noviembre, la Sala declaró inconstitucional la medida al acoger un recurso presentado por un abogado defensor de los policías por considerar que el proceso de depuración incluye procedimientos que los obliga "a declarar contra ellos mismos".
No obstante, como el recurso fue acogido por cuatro de los cinco magistrados de la Sala, y no por unanimidad, el caso -según la legislación hondureña- debe ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia este mismo miércoles.
Las llamadas "pruebas de confianza", que puso en vigor el Congreso en junio pasado a través de una ley con vigencia de seis meses que vencieron el 24 de octubre, consisten en someter a los miembros de la policía a exámenes antidrogas, polígrafo e investigaciones patrimoniales en busca de indicios de enriquecimiento ilícito.
El proceso de depuración fue ordenado por el presidente Porfirio Lobo luego de que en octubre del año pasado un grupo de agentes asesinara a tiros en un bulevar de Tegucigalpa a dos universitarios, entre ellos el hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma, Julieta Castellano.
A partir de allí, tras investigaciones impulsadas por la rectora, la fiscalía denunció que sedes enteras de la policía estaban involucradas en tráfico de drogas, secuestros, robo de autos, extorsión y otros delitos. AFP
