Intregrantes de 44 organizaciones y movimientos sociales de sexo-género diversidad de Venezuela acudirán este viernes, a las 9:00 de la mañana, a la Asamblea Nacional (AN) para consignar el Proyecto de Ley de Matrimonio Civil Igualitario, que de ser aprobado legalizaría las uniones entre personas del mismo sexo.
La acción está respaldada con más de 20 mil firmas recogidas en todo el territorio nacional, número que supera lo establecido para impulsar la iniciativa promovida desde el interior del país.
La unión homosexual de manera legal, explican sus impulsores, garantizaría protecciones básicas relacionadas a custodia infantil, derechos de herencia y propiedad, seguro social para las parejas y visitas hospitalarias, entre otras.
El referido proyecto plantea una modificación parcial del Código Civil Venezolano, único instrumento jurídico del país que aún obstaculiza el acceso al matrimonio a las personas del mismo sexo.
El presidente de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, Giovanni Piermattei, explicó que "el artículo 44 de nuestro Código Civil establece que solo se podrá contraer matrimonio entre un hombre y una mujer, de tal forma que el viernes entregaremos un proyecto de ley especial que significará una modificación parcial del Código Civil, para que dentro de ese articulado sean derogados algunos artículos y ampliados en concepto otros".
El activista hizo hincapié en que en 2008 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó la sentencia 190 en la que ratificó que la Constitución Nacional no discrimina por orientación sexual y que, por tanto, el Estado venezolano no vulnera los derechos de las parejas del mismo sexo a resguardarse bajo una figura jurídica como el matrimonio, "por lo que no se prohíbe ni se condena este tipo de uniones".
El matrimonio igualitario ya es legal en España, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Inglaterra, Gales, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Sudáfrica y Suecia.
Mientras que en América son posibles estas uniones en Argentina, Uruguay, Canadá, en 13 estados y el Distrito de Columbia de Estados Unidos, Brasil y algunas entidades en México, al tiempo que Colombia, Bolivia y Cuba avanza el tema en el debate y en proyectos de ley.
