11 de marzo de 2009. Habían caído bancos en todo el mundo: en EE UU, en Reino Unido, Alemania, Francia, Holanda... Pero en España no, España seguía sacando pecho por esa fórmula genuina que debía salvarle de la gran debacle financiera mundial: las provisiones contracíclicas, dinero que las entidades debían reservar más allá de los requerimientos obligatorios de capital para afrontar los repuntes de morosidad si venían mal dadas. Y, sin embargo, en la reunión del consejo ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para analizar la evolución de la economía española (lo que se conoce como el Artículo IV) celebrada aquel día, quedó claro que las alarmas estaban encendidas sobre un sistema financiero cargado de ladrillo en pleno pinchazo del sector inmobiliario. 18 días después de esta reunión, el Banco de España intervino Caja Castilla La Mancha (CCM).
En aquella cita de dos horas y 18 minutos, el director ejecutivo por España, Ramón Guzmán, pidió a los técnicos de la misión que no pusieran el principal foco en las debilidades del sistema, se quejó de la dureza de las pruebas de resistencia a las que se había sometido el sector y les invitó a centrarse más bien en pedir reformas estructurales, frente a señalar las flaquezas de la banca, según reflejan las actas desclasificadas de aquel encuentro.
“Tenemos dos preocupaciones sobre la política de comunicación de estas pruebas de resistencia”, comenzó diciendo Guzmán, para explicar que aguardaba instrucciones de sus autoridades sobre la publicación de dichos resultados “debido a su naturaleza sensible y sus implicaciones para la extrema volatilidad en los mercados en este estadio”. “Espero que el Consejo entienda este sentido común de prudencia”, añadió. Había calificado los exámenes de “extremos”, “no realistas” y basados “en asunciones técnicamente debatibles”. Guzmán continuó: “Más importante —y los técnicos han sido equilibrados presentado sus conclusiones y los directores han sido equilibrados en sus declaraciones escritas— personas menos informadas y la prensa pueden interpretar los consejos del FMI a las autoridades como si estuvieran centrados solamente en guardar esa munición de reserva para inyecciones de capital en la banca”, algo que, dijo el español, “sería realmente una pena”.
“Desde el punto de vista de mis autoridades, esa parte del consejo es menos valiosa que otros dos consejos capitales que destaca el informe de los inspectores. La presión que el FMI puede traer consigo para impulsar, y los técnicos son perfectamente conscientes de esto, el frente fiscal en el debate político y para acelerar las reformas estructurales es mucho más valiosa para nosotros que la llamada a la prudencia en el frente bancario”, recalcó el representante español.
El economista jefe para España, Bob Traa, había usado la expresión “pólvora seca” en su informe del Artículo IV, en referencia a una munición a salvo de la humedad y por tanto utilizable, para poder hacer uso de ella si en un momento crítico resulta necesario, lo que en España podría utilizarse como pólvora de reserva o bala en la recámara.
Aunque no se cebó, el informe que el FMI hizo público poco después conservó esas advertencias sobre la munición de reserva y el Consejo, en el escrito que hizo público, advirtió de la vulnerabilidad de las cajas de ahorros.“Recomendamos a las autoridades conservar munición de reserva para lidiar con posibles solicitudes de más ayuda pública en capital para los bancos”, si bien entonces no lo veían necesario. Tuvo que volver sobre este punto al señalar que si la crisis se prolongaba y las provisiones dinámicas dejaban de aplicarse, “el sistema podría experimentar un estrés significativo”. “Éste es el espíritu en el cual presentamos el argumento de que la política fiscal debería aguardar una parte de munición de reserva”.
En octubre, el Gobierno ya había anunciado medidas extraordinarias para solventar los problemas de liquidez de la banca, que se había estado financiado de crédito exterior y empezaba a sufrir las estrecheces y el aumento de la morosidad. En octubre de 2008, cinco meses antes de la reunión del FMI, había anunciado un fondo de hasta 50.000 millones para apoyar al sector y elevaba hasta 100.000 euros por persona y entidades la garantía de los depósitos. La morosidad rozaba el 5% ese verano, el nivel más alto de los últimos 13 años, por aquel entonces. “El problema de los bancos es que no se fían unos de otros, pero tampoco de sí mismos”, decía por aquella época el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
Tampoco el FMI mostró gran confianza. Entre las preguntas de los directores ejecutivos, el coreano Hi-Su Lee alertó en su declaración de que “las pruebas de resistencia de los técnicos sugieren una posibilidad necesidad de capital adicional”, de modo que resaltó que “la inyección de capital debería garantizarse”. M. Inés Agudelo también preguntó “si los riesgos generados por las cajas podrían resultar sistémicos”.
El representante del Banco Central Europeo (BCE), Georges Pineau, defendió que las autoridades españolas “merecen crédito” debido a un marco que entonces se consideraba prudente y que había permitido a la banca capear bien la tormenta financiera, pero alertó de que en adelante “podría haber más presiones” y recordó que el 60% del crédito bancario correspondía al un sector inmobiliario lleno de problemas. “La incertidumbre rodea a las cajas debido a que su exposición al sector es considerable”, recalcó. El representante español quiso calmar los ánimos. “En el presente el sector bancario está lidiando con la crisis. Las autoridades están de lejos más preocupadas por el declive económico y por el aumento del paro, en general, y por la caída de los precios inmobiliarios, más concretamente”.
Aquel primer presupuesto anunciado por el Gobierno español en octubre de apoyo se convertiría meses después en el llamado fondo de rescate, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que nació dotado con 9.000 millones, pero con capacidad teórica de endeudarse en los mercados hasta los casi 100.000 millones, una capacidad que no pudo usar cuando la necesitó.
Caja Castilla La Mancha cayó pocos días después de la reunión del Fondo. Ramón Guzmán había dejado una frase inquietante al respecto el 11 de marzo: “No hay forma de que el capital privado pueda entrar directamente en las cajas, debido a su naturaleza casi pública. Eso explica el modelo de intervención”, señaló, para remachar: “Las autoridades les dejan alcanzar un punto de no retorno, permitiéndoles quebrar y forzándolas entonces a su absorción por parte de otra caja”.
2009 marcó el inicio de la gran crisis de la banca española para la que España no tenía esa munición de reserva. Tres años después, el Gobierno acabó pidiendo el rescate a sus socios comunitarios para recapitalizar a buena parte de su sector financiero.
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