“Si uno cambiara la palabra ‘España’ en el informe de la misión, tendría ya listo el informe sobre Grecia. Así que es completamente apropiado que el señor Traa sea también el jefe de la misión para Grecia”. Esto es lo que dijo la ateniense Miranda Xafa, miembro del consejo del FMI, quien llegó a advertir en el encuentro que tuvo el organismo con el Gobierno español el 11 de marzo de 2009 sobre la economía española. Las dolencias de los países del sur de Europa —desequilibrios de las cuentas públicas y pérdida de competitividad— preocupaban especialmente a algunos directores un año antes del rescate a Grecia.
Bob Traa, jefe de la misión para España, también advirtió de que el Gobierno no lo tendría fácil si su estrategia era la de reenfocar el crecimiento del país hacia el turismo y la exportaciones, ya que no era el único país europeo en crisis. “Los políticos no deberían contar probablemente con este motor de crecimiento en el corto plazo”, apuntó, a pesar de que “el potencial de una demanda extranjera mayor está ahí”.
Xafa hizo una rápida radiografía de los problemas en la periferia de la zona euro: “Los booms crediticios financiados de forma externa y una pérdida de competitividad unido al agotamiento y la insuficiencia de las reformas estructurales es un tema común en toda la Europa del sur y del este”.
Polémica por el 'Plan E'
El Gobierno reconoció a los inspectores del FMI que el programa de inversiones públicas que los ayuntamientos canalizarían para obras ni servirían para mejorar el potencial crecimiento del país ni serían de largo plazo, relató el jefe de la misión para España, Bob Traa. “Son empleos públicos dirigidos a mantener a la gente empleada y a dar alternativas que incluyan a la gente que perdió su trabajo en la construcción. Yo diría —y el secretario de Estado ha sido muy honesto con nosotros a este respecto— que esto no son inversiones para infraestructuras de largo plazo”, explicó Traa. Al contrario, eran trabajos públicos “que no se espera que impulsen una producción de largo recorrido ni por tanto —y como elemento positivo para las preocupaciones del Fondo—, incurrirán en un aumento de costes fiscales de largo recorrido”.
El plan E, cuyo gasto total ascendió a 12.000 millones, despertó críticas en España, pero también fue objeto de importantes recelos en el FMI. Traa criticó: “Sobre la pregunta de si los trabajos públicos son efectivos para el crecimiento y de si se dirigen a esas áreas consideradas una inversión o son solo un intento de apoyo contra el desempleo, lo último es probablemente lo cierto”. “No estoy seguro de que estos trabajos representen un contribuidor principal para el potencial dinámico de España”, confesó. Aquel era otro ejemplo en el que, según señaló, si los fondos públicos se usaban para estimular la economía, “recomendaríamos encarecidamente que los países los usaran directamente para mejorar el capital potencial”, recalcó.
Además, la directora Miranda Xafa cuestionó especialmente aquel marzo de 2009 los llamados “multiplicadores fiscales” de los estímulos para el crecimiento aplicados. Si los responsables de la misión preveían una recesión del 3% para aquel año, dijo, pese a un estímulo fiscal del 4%, “no podemos estar seguros de si el multiplicador fiscal es débil o de si el crecimiento sería aún más débil sin el estímulo fiscal”, así que, “en otras palabras, no sabemos realmente hasta qué punto habrá un sector privado que compense el gasto público”. “Esta podría ser una pregunta empírica para próximos informes”, apuntó.
El déficit tarifario ya era urgente desde 2009
En 2009 se prometieron al FMI una serie de reformas que hoy por hoy siguen sin haber concluido. Y eso que, como explicaba el propio jefe de la misión, Traa, el Gobierno central “usa las iniciativas de la Unión Europea para vencer las resistencias a las reformas de los Gobiernos regionales y locales”, un comentario que encaja bien con las batallas habituales en el sector del comercio, donde las normativas de Cataluña, por ejemplo, siempre han resultado mucho más restrictivas y protectoras del pequeño comercio que el resto.
“Hay un progreso, dado el apoyo desde las altas instancias”, dice un optimista Traa, quien además explica que ese mismo verano de 2009 se preparará un borrador de la ley de servicios profesionales. Esta normativa, cinco años después, con el Gobierno del PP todavía es un anteproyecto de ley.
También la batalla eléctrica ocupa las aplicaciones del jefe de la misión para España, quien advierte de que, a pesar de que ha habido cambios en el sector, como la compra de Endesa por parte de Enel, otros “cambios estructurales han demostrado ser más difíciles”. “Cuando las tarifas eléctricas se transformaron hacia un sistema de mercado, había deudas remanentes entre las empresas, llamadas ‘déficit de tarifa’, que aún no se han amortizado”, lamentó Traa.
“Esto es una batalla porque las autoridades españolas, en conversaciones con la industria eléctrica, aún no han encontrado una forma de amortizar la deuda preexistente y creemos que esto debe resolverse con el fin de avanzar en nuevas reformas en el sector eléctrico”, reclamó Traa con muy poco éxito.
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