La ciudad de Pekín movilizará a 100.000 de sus ciudadanos, en su mayoría voluntarios en zonas residenciales de la gran urbe, para que colaboren en labores de "inteligencia" como parte de la campaña antiterrorista iniciada en el país a raíz de recientes atentados en zonas públicas.
Según informaron este viernes los diarios Beijing News y Beijing Youth Daily, dos de las principales cabeceras de la capital china, los voluntarios deberán reportar a las instituciones de seguridad pública cualquier movimiento sospechoso que vean en sus comunidades.
Cualquier información de interés que den estos ciudadanos será recompensada con dos yuanes (unos 30 centavos de dólar, o 25 céntimos de euro), aunque la cifra puede multiplicarse por cien si se aporta mayor información en el curso de un mes, señaló un grupo de estos voluntarios a Beijing Youth Daily.
La utilización de voluntarios como enlace entre las fuerzas de seguridad y las comunidades vecinales, a veces incluso en labores de inteligencia, es frecuente en las grandes ciudades chinas, donde este tipo de voluntarios, con frecuencia personas jubiladas, "patrullan" las zonas residenciales.
La movilización, en este caso, se produce a raíz de un aumento en el número de ataques indiscriminados contra población civil que varias ciudades chinas han sufrido en los últimos meses, y que el régimen comunista atribuye a grupos terroristas separatistas de la región noroccidental de Xinjiang, habitada por musulmanes uigures.
El peor de estos sucesos ocurrió la semana pasada en un mercado de Urumqi, capital regional de Xinjiang, donde un atentado con coches bomba causó 39 muertos y 94 heridos.
Antes, el 1 de marzo, 33 personas fallecieron y más de un centenar resultaron heridas en un ataque con arma blanca cometido por un grupo organizado en la estación de ferrocarril de Kunming, en el sur del país.
Aunque Pekín no ha sufrido este año incidentes de este tipo, en octubre de 2013, en otro suceso atribuido por el Gobierno a grupos terroristas, un vehículo arrolló deliberadamente a un grupo de turistas en la entrada de la Ciudad Prohibida y se incendió, causando cinco muertos (entre ellos los tres ocupantes del automóvil) y 40 heridos.
La ciudad ha aumentado en las últimas semanas las medidas de seguridad, especialmente en los transportes públicos y con patrullas especiales en zonas concurridas, mientras la policía ha celebrado varios simulacros para mostrar su capacidad de respuesta ante un posible atentado.
Según informaron este viernes los diarios Beijing News y Beijing Youth Daily, dos de las principales cabeceras de la capital china, los voluntarios deberán reportar a las instituciones de seguridad pública cualquier movimiento sospechoso que vean en sus comunidades.
Cualquier información de interés que den estos ciudadanos será recompensada con dos yuanes (unos 30 centavos de dólar, o 25 céntimos de euro), aunque la cifra puede multiplicarse por cien si se aporta mayor información en el curso de un mes, señaló un grupo de estos voluntarios a Beijing Youth Daily.
La utilización de voluntarios como enlace entre las fuerzas de seguridad y las comunidades vecinales, a veces incluso en labores de inteligencia, es frecuente en las grandes ciudades chinas, donde este tipo de voluntarios, con frecuencia personas jubiladas, "patrullan" las zonas residenciales.
La movilización, en este caso, se produce a raíz de un aumento en el número de ataques indiscriminados contra población civil que varias ciudades chinas han sufrido en los últimos meses, y que el régimen comunista atribuye a grupos terroristas separatistas de la región noroccidental de Xinjiang, habitada por musulmanes uigures.
El peor de estos sucesos ocurrió la semana pasada en un mercado de Urumqi, capital regional de Xinjiang, donde un atentado con coches bomba causó 39 muertos y 94 heridos.
Antes, el 1 de marzo, 33 personas fallecieron y más de un centenar resultaron heridas en un ataque con arma blanca cometido por un grupo organizado en la estación de ferrocarril de Kunming, en el sur del país.
Aunque Pekín no ha sufrido este año incidentes de este tipo, en octubre de 2013, en otro suceso atribuido por el Gobierno a grupos terroristas, un vehículo arrolló deliberadamente a un grupo de turistas en la entrada de la Ciudad Prohibida y se incendió, causando cinco muertos (entre ellos los tres ocupantes del automóvil) y 40 heridos.
La ciudad ha aumentado en las últimas semanas las medidas de seguridad, especialmente en los transportes públicos y con patrullas especiales en zonas concurridas, mientras la policía ha celebrado varios simulacros para mostrar su capacidad de respuesta ante un posible atentado.
