Mppre) - La delegación venezolana encabezada por la contralora general de la República, Adelina González, acompañada del embajador Alí Uzcátegui Duque, Representante Permanente ante la Organización de Naciones unidas (ONU), participan en el Grupo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, llevado a cabo en Viena.
Durante su intervención, la Contralora General de la República, Adelina González, manifestó la firme voluntad del Estado venezolano y del Gobierno de luchar en contra de la corrupción y de cooperar en el ámbito internacional contra este delito.
Asimismo, hizo referencia a la I Reunión de Ministros y Autoridades de prevención y lucha contra la corrupción de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac), celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el pasado 8 de noviembre de 2013, en la que se adoptaron importantes principios para la lucha contra este flagelo por parte de los países de la región.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, forma parte del acervo jurídico con que cuenta la República Bolivariana de Venezuela, ya que la misma fue sancionada por la Asamblea Nacional como Ley Aprobatoria de la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción. (Gaceta Oficial Nº 38.192 de fecha 23/05/2005).
Asimismo, la Contralora General instó a los Estados a que implementen sistemas judiciales honestos, transparentes y efectivos, que verdaderamente sancionen a los corruptos y la conformación de un cuerpo de funcionarios públicos a todos los niveles de nuestras instituciones que sean verdaderamente honestos y eficientes, íntegros, que con su conducta den ejemplo y contribuyan al establecimiento de nuevos modelos de gestión pública y nuevos modos de comportamiento y formas de convivencia.
La Contralora General cerró su intervención, señalando que la corrupción es un mal que lesiona a todos los pueblos del mundo, toda vez que son recursos sustraídos a la satisfacción de necesidades colectivas y a la elevación de la calidad de vida, razón por la cual la legislación venezolana ha calificado a la corrupción como un “delito de lesa patria”.
