Adelina González, contralora general de la República, se refirió a las denuncias surgidas a partir de las llamadas “empresas de maletín”, las cuales habrían incurrido en fraude al obtener dólares de manera ilegal a través de Cadivi.
Señaló que desde su despacho se constató que las mencionadas empresas no habían cumplido con algunos trámites de control, operado con fianzas vencidas y “no se había verificado que los productos para los cuales le fueron asignadas las divisas hubiesen ingresado al país”.
Agregó que existe una comisión especial, designada por el Ejecutivo, encargada de la investigación. En ese sentido, exhortó a ser pacientes pues se trata de un asunto complejo.
“El Estado está trabajando y la parte que le correspondió hacer a la Contraloría la hicimos y ahora hay varias instituciones trabajando para darle respuesta al país”, aseveró.
Por otra parte, indicó que durante el mes de julio las máximas autoridades y funcionarios que ejercen cargos de alto nivel o de confianza en todos los órganos del Poder Público nacional, estadal y municipal deberán actualizar su Declaración Jurada de Patrimonio a través de la página web de la Contraloría.
En ese sentido, indicó que en los últimos años el funcionariado público ha ido tomando conciencia de que la medida no se trata solo de una formalidad de ley, “sino de una obligación y una estrategia de lucha contra la corrupción”.
En ese sentido, confirmó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ya hizo su declaración. “Estamos los funcionarios predicando con el ejemplo”, apuntó.
Aseguró que el sistema ha sido blindado luego de que el año pasado se intentara vulnerar desde el extranjero en cinco oportunidades
