AVN) – La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, llamó a crear una política de salud pública dirigida a prestar tratamiento integral a las personas consumidoras de drogas, que contemple, además, programas de inclusión social.
“El objetivo es contribuir a su rehabilitación social, lo que tendrá un positivo impacto en la colectividad”, dijo, en su artículo de opinión titulado ¿Criminal o víctima?
Para tal fin, el Ministerio Público (MP) ofrece la Unidad Psiquiátrica y Psicológica de Atención Inmediata al Consumidor de Drogas, creada en enero de 2013 con el propósito colaborar en las investigaciones realizadas por los fiscales del MP en materia Contra las Drogas, mediante la práctica de experticias psiquiátricas y psicológicas a las personas consumidoras, con el fin de proceder a la aplicación de procedimiento por consumo de drogas establecido en la Ley Orgánica de Drogas.
“(Esta unidad está) dirigida a efectuar estudios, atención y orientación completa a aquellas personas detenidas en flagrancia con pequeñas cantidades de droga para su consumo, todo esto antes de presentarla en un tribunal. De esta manera se comprueba su nivel de adicción o su vinculación con el negocio de la droga”.
En ese sentido, “resulta indispensable que desde el Estado se perfilen líneas de acción que atiendan a quienes tengan adicciones y así mejorar su calidad de vida e influir positivamente en su entorno. Con ello se contribuye a la reconstrucción de los núcleos familiares y al tejido social comunitario, que se ve afectado cuando las personas se sumergen en las drogas”, recalcó.
La fiscal general reiteró también la necesidad de evitar estigmatizar a las personas consumidoras de drogas como delincuente por parte del sistema penal, y mencionó que ello se debe a que al señalarla “dificulta que se asuma como una persona que requiere de un tratamiento médico”.
No obstante, agregó: “Esto no implica que se eliminen sanciones penales para quienes cometen delitos bajo los efectos del consumo de estas sustancias; la idea es que a los consumidores no problemáticos se les trate como sujetos enfermos que requieren de atención especializada y no como criminales”.
