( Nota de Prensa).- La delegación venezolana que asiste al diálogo interactivo sobre tortura y otros tratos degradantes en la ONU enfatizó este viernes en Ginebra que la Revolución Bolivariana desterró al “Estado terrorista y represivo” que padeció Venezuela hasta el año 1999.
El viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, José Vicente Rangel Ávalos, señaló que antes de que el pueblo eligiera al presidente Hugo Chávez, “La tortura estaba institucionalizada y el asesinato político era frecuente” en Venezuela.
El jefe de la delegación nacional señaló que un mandatario de la llamada “democracia representativa” del pasado puso en boga la siguiente frase dirigida a los cuerpos de seguridad del Estado: “Disparen primero y averigüen después”.
Agregó que mientras en algunos países se ha legalizado la tortura, en Venezuela, por el contrario, la tortura se condena con rotundidad y se ha aprobado una ley para su combate, que ha sido elogiada por el Comité contra la Tortura de la ONU.Rangel Ávalos expresó que, por el contrario, ahora Venezuela cuenta con un Estado democrático y social de derecho y de justicia que da preeminencia a los derechos humanos, a la ética y el pluralismo político.
El viceministro reiteró que la delegación venezolana participa en este “diálogo interactivo” -como se le llama oficialmente- inspirada en los principios fundamentales de la Constitución Bolivariana.
“Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador”, dijo Rangel Ávalos.
En ese sentido, el vocero venezolano indicó que en su país se disfruta, “como nunca antes en la historia”, de las más amplias libertades democráticas, con una reducción de la pobreza y de la desigualdad que es reconocida por distintos organismos de la ONU.
“En Venezuela la libertad de manifestación y reunión pacífica está amparada por nuestra Constitución, en consonancia con los tratados internacionales respectivos. Nuestro pueblo y los cuerpos de seguridad del Estado velan por su legítimo ejercicio”, puntualizó.
“Desde comienzos de este año se desató en Venezuela un plan violento y terrorista, denominado por sus gestores ‘La Salida’, que buscaba derrocar el Gobiernolegítimamente constituido del Presidente Nicolás Maduro Moros”, observó Rangel Ávalos.El viceministro afirmó que el Estado venezolano garantiza e incluso promueve la participación del pueblo en manifestaciones pacíficas, pero advirtió que sectores violentos de la oposición tipifican como “pacíficos” algunos hechos terroristas que buscan desestabilizar el modelo democrático que disfruta la nación.
Explicó que “los violentos y los terroristas” causaron cuarenta y tres (43) asesinatos; destruyeron bienes públicos como hospitales, universidades, centros de atención infantil o guarderías, y causaron daños materiales incuantificables y daños morales inimaginables.
“La violencia practicada por minorías terroristas, y confinada a muy pocos municipios del país, fue contenida por la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, con el uso proporcional de la fuerza, y por el ejemplar comportamiento cívico y pacífico de la inmensa mayoría del pueblo venezolano”, manifestó.
“El terrorismo de Estado ha desaparecido en Venezuela. Quien incurra en violación de los derechos humanos, torture o cause maltratos a cualquier ciudadano es sometido al imperio de la ley”, sentenció.
El presidente de la delegación ratificó la disposición del Estado Venezolano a mantener undiálogo constructivo con el Comité, basado en el respeto y la transparencia.
Cabe destacar que este “diálogo interactivo sobre los informes tercero y cuarto combinados de Venezuela ante el Comité de la Tortura” es un instrumento rutinario entre el Estado-Parte y el Comité.
No obstante, algunas agencias internacionales de noticias han querido presentar este diálogo como una especie de “enjuiciamiento” a la Revolución Bolivariana, evidenciando el desprecio que tienen por la objetividad periodística y la falta de ética, que deben ser ajenas al ejercicio digno de la comunicación social.
