(Nota de prensa).- En el marco de la lucha contra la guerra económica, este sábado el Gobernador del estado bolivariano de Mérida, Alexis Ramírez, conjuntamente con el jefe de la Zona de Defensa Integral (Zodi), Vicealmirante Juan Mirena López, el coordinador regional de la Superintendencia de Precios Justos (Sundee), José Alberto Sánchez, y los diferentes organismos de seguridad, hicieron una venta supervisada de cauchos en “Multiservicios Las Américas”, empresa ubicada en la entrada al sector Santa Bárbara del municipio Libertador.
Durante la inspección, el Mandatario regional informó que a este establecimiento se revisaron los precios de los cauchos y de los diferentes servicios que se prestan al público en el ramo automotriz, y aseguró que el Gobierno bolivariano continuará velando para que los merideños puedan tener acceso a estos bienes a precios justos.
“Luego de revisar la mercancía hemos constatado que existía un inventario de mil 712 cauchos, que presuntamente estaban acaparados, según las denuncias presentadas por la comunidad, por lo que inmediatamente hemos activado los mecanismos establecidos en las leyes para proceder a realizar una venta supervisada, y así beneficiar al pueblo merideño”, señaló el Gobernador.
En este día, dijo, nosotros hemos conversado con los dueños de esta empresa, y ellos se han puesto a la orden para que los funcionarios del Sundee puedan realizar todas las revisiones del caso.
Acaparamiento en el municipio Rangel
El Gobernador del estado bolivariano de Mérida, Alexis Ramírez, también informó que días atrás en el municipio Rangel se detectaron varias irregularidades en un abasto, donde sedecomisaron 250 cajas de aceite y 60 fardos de azúcar que estaban acaparadas, así como café, jabón y comida para animales.
Además, dijo el Gobernador en este sitio se detectaron ventas detalladas sin permiso, 58 artículos con alteración fraudulenta y 55 cajas de artículos vencidos, y aunque la cantidad sea relativamente pequeña, para un municipio como este, donde su población es de aproximadamente 25 mil habitantes, de alguna manera impacta a la población.
Por su parte, el coordinador regional del Sundee, José Alberto Sánchez, informó que en este caso, se le aplicó al propietario una multa de 32 mil unidades tributarias, de acuerdo a lo establecido en los artículos 55, 58, 59 y 72 de la Ley Orgánica de Precios Justos.
“El acaparamiento es uno de los ilícitos más fuertes tipificados en esta Ley, y por lo tanto el propietario de este establecimiento tendrá que pagar al Tesoro Nacional cuatro millones 64 mil bolívares fuertes”, sentenció.
El jefe de la Zodi en Mérida, Vicealmirante Juan Mirena López, también estuvo presente durante el operativo, manifestando todo su apoyo a los funcionarios de los organismos públicos que están realizando este tipo de procedimientos en todo el estado Mérida para garantizar el suministro de los productos de primera necesidad a la población
