El proyecto del Gobierno alemán para establecer la obligación del uso del preservativo en las relaciones sexuales con prostitutas ha despertado las críticas tanto de la Policía como de las organizaciones sociales del país, que no ven eficaz la iniciativa.
La obligación del preservativo es uno de los puntos principales del proyecto con el que se intenta proteger a las prostitutas, ya que conservadores y socialdemócratas no han conseguido ponerse de acuerdo en otras medidas, como la edad mínima de veintiún años para ejercer, o los controles médicos periódicos.
“No es razonable que se pretenda controlar si el cliente de un burdel lleva o no condón”, subrayó hoy en declaraciones al popular diario “Bild” el presidente del sindicato de la Policía alemana, Rainer Wendt, que tacha la idea de “ridícula”.
Lea Ackermann, fundadora de la organización de apoyo a mujeres Solwodi, lamenta que ése sea el único punto de acuerdo en la nueva ley: “Muy bonito, pero ¿quién va a controlarlo”, se lamenta en el “Süddeutschzeitung”, donde la religiosa defiende la necesidad de fijar una edad mínima de veintiún años para proteger a las más jóvenes
La Unión Cristianodemócrata (CDU) de Ángela Merkel y sus socios bávaros de la CSU apostaban por establecer esa edad mínima, pero el Partido Socialdemócrata (SPD), en la gran coalición de gobierno, lo rechazó con el argumento de que se condenaría a las menores a ejercer la prostitución en la ilegalidad y sin protección.
A pesar de ese riesgo, en opinión de la reconocida activista feminista Alice Schwarzer, esa medida es necesaria ante el aumento de la prostitución forzada con víctimas cada vez más jóvenes.
La prostitución es legal en Alemania desde 2002, cuando una ley aprobada por el entonces gobierno de socialdemócratas y verdes la reguló como un servicio y reconoció a las “trabajadoras del sexo” derechos laborales y cobertura social.
A pesar de ello, no hay cifras oficiales sobre este fenómeno y diversos estudios estiman que en el país trabajan entre 200.000 y 400.000 prostitutas, la mayoría extranjeras.
Tras meses de debates, la gran coalición cerró esta pasada semana un proyecto de mínimos para mejorar su situación ante el riesgo de explotación, violencia y enfermedades.
En el caso de la obligación del preservativo, se establece que la prostituta, en caso de duda, no será sancionada y que el castigo recaerá en el cliente y en el propietario del burdel.
Frente a los controles médicos obligatorios que se establecían en los borradores iniciales, finalmente se ha apostado por un “asesoramiento médico” anual, semestral para las menores de veintiún años.
Se exigirá además una autorización administrativa para la apertura de burdeles, en la que se comprobarán los antecedentes del propietario, y las prostitutas deberán registrarse, un punto que también ha suscitado polémica entre diversas organizaciones de mujeres, que abogan por el derecho al anonimato.
