Amnistía Internacional se pronunció a favor de recordar el "autogolpe" del expresidente Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992, para que "no se vuelvan a repetir regímenes dictatoriales ni violaciones a los derechos humanos".
A través de un comunicado, Amnistía recordó que el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos son base fundamental para la institucionalidad y la democracia en el Perú.
La organización civil señaló que la suspensión de ciertos derechos, la no independencia ni separación de los poderes públicos, así como la corrupción y la impunidad socavaron la institucionalidad democrática del país.
El expresidente Fujimori (1990-2000) disolvió el Congreso de entonces e intervino el Poder Judicial para emprender una reforma del Estado que facilitó el control total sobre el aparato público e introdujo la reelección presidencial inmediata en la Constitución de 1993.
Amnistía Internacional mencionó que la disolución del Congreso "significó que varias comisiones que investigaban crímenes contra los derechos humanos se vieran obligadas a abandonar su trabajo".
"Esto generó un ambiente de impunidad para los familiares y víctimas de la violencia producida por agentes del Estado. Además las funciones del Poder Judicial y del Ministerio Público quedaron en suspenso durante cuatro semanas", añadió.
Amnistía remarcó que se sigue observando con preocupación que no hay avances significativos en materia de justicia para las víctimas de esterilizaciones forzadas en los años noventa, dado que en enero de 2014 se archivó el caso luego de diez años de investigación.
Igualmente, la organización llamó a las autoridades peruanas a implementar las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y, en particular, que el Estado cumpla con sus obligaciones de investigar, prevenir y sancionar las violaciones a los derechos humanos; así como garantizar que estos hechos no se repitan.
"A 23 años del autogolpe del 5 de abril, parecería que todavía no hay suficiente voluntad política para avanzar hacia un futuro donde los derechos de todos y todas en el Perú sean respetados, indistintamente de su condición social, raza o etnia, género, orientación sexual o identidad de género", subrayó.
Organizaciones civiles, de defensa de los derechos humanos y juveniles realizarán este domingo en Lima una manifestación de protesta contra el autogolpe de Fujimori, que busca recordar a la población los abusos cometidos en esa época que marcó la antesala a los escándalos de corrupción que causaron la renuncia del exmandatario en 2000.
A través de un comunicado, Amnistía recordó que el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos son base fundamental para la institucionalidad y la democracia en el Perú.
La organización civil señaló que la suspensión de ciertos derechos, la no independencia ni separación de los poderes públicos, así como la corrupción y la impunidad socavaron la institucionalidad democrática del país.
El expresidente Fujimori (1990-2000) disolvió el Congreso de entonces e intervino el Poder Judicial para emprender una reforma del Estado que facilitó el control total sobre el aparato público e introdujo la reelección presidencial inmediata en la Constitución de 1993.
Amnistía Internacional mencionó que la disolución del Congreso "significó que varias comisiones que investigaban crímenes contra los derechos humanos se vieran obligadas a abandonar su trabajo".
"Esto generó un ambiente de impunidad para los familiares y víctimas de la violencia producida por agentes del Estado. Además las funciones del Poder Judicial y del Ministerio Público quedaron en suspenso durante cuatro semanas", añadió.
Amnistía remarcó que se sigue observando con preocupación que no hay avances significativos en materia de justicia para las víctimas de esterilizaciones forzadas en los años noventa, dado que en enero de 2014 se archivó el caso luego de diez años de investigación.
Igualmente, la organización llamó a las autoridades peruanas a implementar las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y, en particular, que el Estado cumpla con sus obligaciones de investigar, prevenir y sancionar las violaciones a los derechos humanos; así como garantizar que estos hechos no se repitan.
"A 23 años del autogolpe del 5 de abril, parecería que todavía no hay suficiente voluntad política para avanzar hacia un futuro donde los derechos de todos y todas en el Perú sean respetados, indistintamente de su condición social, raza o etnia, género, orientación sexual o identidad de género", subrayó.
Organizaciones civiles, de defensa de los derechos humanos y juveniles realizarán este domingo en Lima una manifestación de protesta contra el autogolpe de Fujimori, que busca recordar a la población los abusos cometidos en esa época que marcó la antesala a los escándalos de corrupción que causaron la renuncia del exmandatario en 2000.
EFE
