El presidente del estatal Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), Roberto Smith, aseguró que el diálogo entre cineastas, su entidad y el gobierno para reestructurar el sector y desembocar en una ley de cine, avanza con más “coincidencias que divergencias”.
“Con muchas más coincidencias que divergencias hemos avanzado no solo en la formulación de las propuestas, sino en procedimientos que pudiesen aplicarse en las que sean aprobadas”, dijo Smith en un artículo publicado en cubacine.cult.cu.
Desde hace más de dos años, cineastas y especialistas del mundo audiovisual han solicitado la reestructuración de esa actividad, a tenor de las reformas aplicadas por el presidente Raúl Castro, que legalicen la actividad independiente y quiebre el monopolio que tiene el ICAIC, desde 1959.
El propio Smith resume así las demandas: “Reconocimiento legal del creador audiovisual como artista independiente, el reconocimiento legal de la producción audiovisual no estatal, a nuevos mecanismos de apoyo y estímulo a la producción audiovisual estatal y no estatal, a la transformación del ICAIC como entidad rectora del cine nacional y a las normativas jurídicas que deben proteger y regular al sistema del cine cubano”.
En los últimos años han comenzado a trabajar en Cuba varias pequeñas productoras independientes, actividad tolerada por las autoridades, pero no legalizadas.
Varias películas de reconocidos creadores como “La pared de las Palabras”, de Fernando Pérez, se han producido de forma independiente al ICAIC.
“La Ley de Cine ha estado, desde el comienzo del proceso de reestructuración, entre las propuestas de políticas de mayor alcance”, señala el funcionario, pero su proceso lleva tiempo.
“Más que reclamar la aprobación de la Ley, lo que procede con la política propuesta, es comenzar su proceso de elaboración”, señala y asegura que “hemos propuesto que las decisiones más urgentes no deben esperar a la Ley, sino aprobarse con otras normativas jurídicas de procedimiento más expedito”.
El presidente del ICAIC no especifica cuáles son esas “decisiones más urgentes”, pero adelanta su criterio que “la distribución y exhibición cinematográficas cumplen una función cultural que debe estar preservada en manos del Estado”.
Fuente: EFE
