La Comisión advierte a las Comoras y a Taiwán con tarjetas amarillas ya que corren el riesgo de ser considerados países no cooperantes en la lucha contra la pesca ilegal. Ghana y Papúa Nueva Guinea han reformado su sistema de gobernanza de la pesca y han sido retirados de la lista.
La Comisión Europea continúa hoy su política de tolerancia cero contra la pesca ilegal a nivel mundial, advirtiendo a las Comoras y a Taiwán que corren el riesgo de ser considerados países que no cooperan[1] en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Al mismo tiempo, la Comisión retira las tarjetas amarillas de Ghana y dePapúa Nueva Guinea, que han reformado considerablemente su sistema de gobernanza de la pesca. La Comisión ha adoptado también una comunicación[2] sobre los principales logros del Reglamento INDNR en los primeros cinco años de su aplicación.
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) constituye una grave amenaza para los recursos marinos mundiales ya que la sobrepesca destruye los medios de subsistencia de muchas comunidades dependientes de la pesca. Se estima que anualmente se capturan ilegalmente entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado, cifra que representa por lo menos el 15 % de las capturas mundiales. El valor global de la pesca INDNR se calcula en 10 000 millones de euros al año.
En tanto que primer importador mundial de productos de la pesca, la UE ha adoptado una postura firme ante la pesca ilegal en el mundo. No se permite el acceso al mercado de la UE de productos de la pesca que no estén certificados como procedentes de la pesca legal. Actualmente se aplican sanciones comerciales a Camboya, Guinea y Sri Lanka, que recibieron una tarjeta roja de la Comisión.
El Comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, ha declarado lo siguiente: «La decisiones adoptadas hoy demuestran la determinación de la Unión Europea de implicar a actores importantes en la lucha contra la pesca INDNR. Tanto Ghana como Papúa Nueva Guinea han emprendido una reforma de su sector pesquero y ya cuentan con marcos jurídicos y políticos sólidos para luchar contra la pesca INDNR. Hago un llamamiento a las autoridades de las Comoras y de Taiwán para que sigan su ejemplo y se unan a la Unión Europea en la promoción de una pesca legal y sostenible en el mundo».
La decisión de expedir una tarjeta amarilla a Taiwán se basa en las graves deficiencias del marco jurídico de la pesca, un sistema de sanciones que no desalienta la pesca INDNR, y una falta de eficacia en el seguimiento, control y vigilancia de la flota de larga distancia. Además, Taiwán no cumple sistemáticamente las obligaciones previstas por la Organización Regional de Ordenación Pesquera (OROP).
Las Comoras han delegado parcialmente la gestión de su registro de la flota a una empresa privada offshore. Esta flota opera en incumplimiento de la legislación comorense vigente y no es objeto de seguimiento por las autoridades comorenses. Asimismo, existen deficiencias en el marco jurídico del país, el sistema de sanciones, la gestión de los recursos pesqueros, y las tareas de seguimiento, control y vigilancia.
La Comisión ha propuesto un plan de acción específico y ha concedido un plazo de seis meses a las Comoras y a Taiwán para resolver los problemas detectados. Si no se corrigen las deficiencias en dicho plazo, la UE podría considerar la aplicación de sanciones comerciales sobre las importaciones de productos de la pesca. Las exportaciones de productos de la pesca a la UE procedentes de Taiwán ascienden a 13 millones de euros anuales.
Pero también hay noticias más positivas, tanto Ghana como Papúa Nueva Guinea han abordado con éxito las deficiencias de su sistema de gobernanza de la pesca tras recibir advertencias de la Comisión en noviembre de 2013 y junio de 2014, respectivamente. Han modificado sus marcos jurídicos para luchar contra la pesca INDNR, reforzado sus sistemas de sanciones y mejorado el seguimiento y control de sus flotas y ya son conformes con el Derecho internacional.
Ghana y Papúa Nueva Guinea se unen así a la creciente lista de países (Corea, Filipinas, Fiyi, Belice, Panamá, Togo y Vanuatu) que han reformado sus sistemas tras una advertencia de la UE, y la Comisión espera poder colaborar con estos socios internacionales en la lucha contra la pesca INDNR.
La lucha contra la pesca ilegal forma parte de los esfuerzos de la UE para garantizar una explotación sostenible del mar y de sus recursos, de conformidad con la política pesquera común de la UE y una mejor gobernanza de los océanos del mundo, objetivo también compartido en los compromisos adquiridos en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible (Objetivo 14: Vida submarina).
En una Comunicación adoptada hoy sobre los principales logros del Reglamento INDNR desde su aplicación en 2010, se muestra que el liderazgo de la UE ha tenido una clara incidencia en la pesca en el mundo, disminuyendo las actividades ilegales y mejorando las condiciones de vida de las comunidades costeras que dependen de la pesca.
La Comunicación también presenta las próximas etapas de la aplicación de la normativa INDNR. Así, por ejemplo, la Comisión continuará trabajando en favor de sistemas más simples, más modernos y más eficaces. En el plano exterior, la Comisión seguirá colaborando con terceros países a través de la cooperación y del diálogo bilateral y del proceso formal de identificación previa, identificación e inclusión en una lista con el fin de subsanar los problemas de pesca INDNR detectados.
Antecedentes
Las decisiones de hoy se basan en el «Reglamento INDNR» de la UE, que entró en vigor en 2010[3]. Este instrumento clave en la lucha contra la pesca ilegal garantiza que únicamente los productos pesqueros certificados conformes pueden acceder al mercado de la UE.
Desde noviembre de 2012, la Comisión mantiene un diálogo formal con varios terceros países (identificación previa o «tarjeta amarilla»), que han sido advertidos de la necesidad de emprender una acción decidida para luchar contra la pesca INDNR. Cuando se observan avances significativos, la Comisión puede poner fin al diálogo (retirar el estatuto de identificación previa o «carta verde»). Este ha sido el caso de Fiyi, Panamá, Togo y Vanuatu desde octubre de 2014 y de Corea y las Filipinas desde abril de 2015.
Está en curso un diálogo formal con Curaçao (desde noviembre de 2013), las Islas Salomón, Tuvalu, San Cristóbal y Nieves, y San Vicente y las Granadinas (desde diciembre de 2014) y Tailandia (desde abril de 2015).
Algunos países no han demostrado el compromiso necesario con las reformas. En consecuencia, está prohibida en la UE la importación de los productos de la pesca capturados por buques de Sri Lanka (desde octubre de 2014), y de Guinea y Camboya (desde noviembre de 2013) (identificación e inclusión en la lista o «tarjeta roja»).
Belice fue retirado de la lista negra en diciembre de 2014, tras haber adoptado medidas duraderas para hacer frente a las deficiencias de sus sistemas de pesca.
