Fue EE UU quien destapó el caso Volkswagen, que trucó millones de coches para saltarse las normas de emisión de gases contaminantes. Cinco meses después, Bruselas aún no ha abierto expediente a Alemania por ese escándalo. Pero algo se mueve en la UE: la Comisión Europea aprobará hoy un ambicioso endurecimiento de la regulación de seguridad y medioambiental, con sanciones de hasta 30.000 euros por vehículo para los fabricantes que se salten las reglas y para los servicios técnicos que se encargan de hacerlas cumplir. “Son cifras disuasorias”, según la propuesta, para impedir nuevos casos Volkswagen.
La Comisión propondrá este miércoles una revisión a fondo de la normativa de seguridad y de emisiones de la industria automovilística europea, envuelta en un halo de sospecha desde la irrupción del caso Volkswagen y las investigaciones en marcha que afectan a otros fabricantes. La comisaria polaca Elzbieta Bienkowska explicó ayer a un grupo de diarios europeos que el brazo ejecutivo de la Unión quiere terminar de un plumazo con las prácticas ilícitas por parte del sector, muy señalado tras los trucajes desvelados en Volkswagen, el líder de la industria más poderosa de la primera potencia económica de Europa. La nueva normativa está coronada por un severo aparato sancionador: Bruselas quiere poder multar directamente a los fabricantes que incumplan —algo que ahora no ocurre—, con una cifra disuasoria de hasta 30.000 euros por vehículo.
Saltarse las reglas ya nunca será tan fácil. Ahora, cuando una compañía quiere vender coches en la UE basta con solicitar las homologaciones de seguridad y medioambientales de un Estado miembro, y en la crisis de Volkswagen se ha puesto de manifiesto la connivencia entre los fabricantes y los centros que examinan los vehículos.
Nueva normativa
Para acabar con eso, Bruselas quiere tres cosas. Uno: reforzar la independencia de esos exámenes, evitando que los fabricantes paguen esos test directamente para evitar conflictos de interés, y con la puesta en marcha de auditorías. Dos: un mayor control a los vehículos que deben homologarse, tanto a los prototipos como a los que ya están en circulación. Y, sobre todo, tres: “La Comisión tendrá poderes para suspender, restringir o clausurar los servicios técnicos que sean demasiado laxos en los exámenes”, según Bienkowska. Cuando detecte fraude, Bruselas podrá imponer sanciones tanto a los fabricantes como a los servicios técnicos que participen en líos como el de VW.
Esa nueva normativa tendrá que pasar ahora por el Consejo Europeo —es decir, por los Estados miembros, que ya han aguado en el pasado la regulación del sector por la importancia de esa industria en varios países— y en paralelo por el Parlamento Europeo. La normativa podría entrar en vigor este mismo año.
Todo eso se hace en paralelo a la investigación sobre Volkswagen. Bruselas “no descarta abrir finalmente un expediente” a Berlín por ese escándalo, según fuentes comunitarias. De momento no lo ha hecho, pese a que tiene poderes para ello. Bienkowska sí insiste en que la compañía pague la misma compensación a los consumidores europeos que a los estadounidenses (1.000 dólares por coche), algo para lo que no tiene competencia y que rechaza la cúpula de Volkswagen. Esas indemnizaciones, junto con las posibles demandas judiciales, pueden provocar un agujero multimillonario en las cuentas del gigante de Wolfsburgo.
“Frente a la poca colaboración que mostraba al principio el grupo, ahora las diferencias se limitan a la compensación para los consumidores. No vamos a renunciar a ellas. Ese es un buen motivo para endurecer la legislación europea de protección al consumidor y ponerla a la altura de la de EE UU”, según la comisaria.
De los 11,5 millones de coches que Volkswagen reconoce haber trucado, unos 8,5 millones circulan por Europa. Pero fue EE UU quien destapó el escándalo. Y fue el Departamento de Justicia estadounidense quien lo llevó a sus últimas consecuencias, con una demanda que puede costar 45.000 millones de dólares. Volkswagen trucó sus coches con un software que rebaja artificialmente las mediciones de gases contaminantes: Bruselas se ha limitado hasta ahora a exigir información. La propuesta a la que ha tenido acceso EL PAÍS mantiene tajante la prohibición de esos artefactos, recuerda que las autoridades nacionales tienen la obligación de impedir su uso, y va un paso más allá: obliga a los fabricantes a dar toda la información sobre los protocolos de software, tal como hace Estados Unidos. Se trata de tener todas las pruebas en caso de que se abra una investigación, para que esta vez no sea EE UU quien muestre al rey desnudo.
EL PAIS
