Seis funcionarios mexicanos fueron destituidos de su cargo e inhabilitados por diez años por su responsabilidad en la fuga del narcotraficante Joaquín "el Chapo" Guzmán el pasado julio del penal del Altiplano, informó este martes la Secretaría de la Función Pública.
Las sanciones vienen después de una investigación de cinco meses que no ha alcanzado a la Comisión Nacional de Seguridad, ya que no se han encontrado todavía "elementos materiales sólidos" al respecto, afirmó en una rueda de prensa el titular de la Secretaría, Virgilio Andrade.
La coordinadora general de Centros Federales de Readaptación Social, Celina Oseguera, fue imputada por no haber llevado a cabo "el conjunto de acciones para que funcionaran los sistemas (de la prisión) de forma óptima".
Además, realizó una sesión extraordinaria a finales de 2014 en la que se tomó la decisión de proporcionarle un televisor al líder del cártel de Sinaloa, lo que estuvo "fuera de la normatividad", dijo Andrade.
En esa reunión participó el entonces director general del penal, Valentín Cárdenas, a quien también se le atribuye haber omitido la coordinación con las fuerzas de seguridad de manera pertinente, así como los problemas con la visualización del monitor, entre otros cargos.
A la directora técnica y titular del área jurídica del penal, Leonor García, se le responsabiliza por no haber declarado el estado de alerta máxima de manera inmediata cuando supo de la huida del capo EFE
