La sede del Tribunal Supremo de Justicia y parte de sus miembros fueron objeto de asedio, por parte de Diputados y Diputadas de la Asamblea Nacional, en representación de la organización con fines políticos “Mesa de la Unidad”, así como por personas que se identificaron como simpatizantes del partido político Voluntad Popular, incurriendo de manera flagrante en posibles ilícitos de acción pública.
Los Diputados a la Asamblea Nacional por la “Mesa de la Unidad”: Sergio de Jesús Vergara González, Desiree Virginia Barboza Acosta y Gaby Andreina Arellano, quienes se hicieron acompañar de los abogados Héctor Andrés Fuentes Curras y Mildred Carolina Manrique Rojas, con el alegato de presentar una acción de amparo en el TSJ, ingresaron a las instalaciones de la Sala Constitucional de este máximo órgano Judicial.
Una vez allí, además de efectuar la mencionada actuación procesal y a pesar de que en todo momento se les brindó atención y debida respuesta, se instalaron de manera ilegítima en sus espacios, para tomar fotografías no autorizadas, a difundir noticias falsas a través de redes sociales, a divulgar una supuesta huelga de hambre y a realizar amenazas si no se les daba la libertad inmediata a los procesados Gilberto Sojo, Renzo Prieto y Rosmit Mantilla, quienes fueron electos diputados suplentes cuando sus procesos judiciales estaban en curso, por la comisión de los delitos que previamente le fueron imputados.
Tales actuaciones de los Diputados de la Mesa de la Unidad, atentatorias contra el orden constitucional, fueron ejecutadas con el fin de causar zozobra e imponer la liberación de ciudadanos detenidos, que están siendo juzgados por delitos de alteración del orden público, fabricación ilícita de armas en la modalidad de explosivo, incendio, obstrucción de la vía pública, asociación para delinquir y otras acciones que se encuentran tipificadas, entre otras leyes, en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, ejecutadas durante el año 2014.
Los Tribunales de la República conocen cada una de las causas que cursan ante ellos y son ilegítimas las presiones que pretendan ejercerse al Poder Judicial, destinadas a forzar la toma de una decisión a favor de grupos, partes o sectores de ningún tipo, ya que se decide conforme a lo probado y acreditado en autos, atendiendo a los parámetros constitucionales y legales que imperan en la República Bolivariana de Venezuela.
