Los integrantes de la directiva de Econoinvest que se encuentran detenidos desde hace un año dieron a conocer a través de un comunicado que seguirán luchando por hacer valer su inocencia y afirmaron que la decisión judicial contra ellos tenía como propósito destruir el mercado de valores.
A continuación el texto del comunicado:
Hoy 24 de mayo de 2011, se cumple un año de privación ilegítima de nuestra
libertad.
Lo que comenzó con una denuncia del Superintendente Nacional de Valores, Sr.
Tomás Sánchez, el 12 de mayo de 2010, contra tres casas de bolsa específicas
por efectuar operaciones con divisas sin que mediasen los respectivos
soportes en títulos valores, terminó con la decisión de cerrar un sector que
proveyó cerca de 40.000 millones de dólares en capital para el estado y un
monto altamente significativo para el sector privado en los últimos siete
años, garantizando más de 10.000 empleos modernos entre directos e
indirectos, y no dependientes del Estado, e incorporando al pequeño
ahorrista al mercado de valores, llegando a alcanzar la suma de 1.900.000
inversionistas directos y 3.500.000 indirectos.
Al comprobarse que todas las operaciones estaban debidamente soportadas y
autorizadas en el Banco Central de Venezuela bajo el Sistema de Custodia
Electrónica de Títulos (SICET), el proceso da un vuelco inesperado y el juez
13 de control, abogado Robinson Vásquez, decide que las operaciones con los
títulos valores denominados Títulos de Interés y Capital Cubierto (TICC) son
ilícitas, saltándose el principio de legalidad penal que reza que no puede
haber delito sin ley previa.
La Ley Contra los Ilícitos Cambiarios vigente desde septiembre de 2005 y
reformada en febrero de 2008, permitía expresamente en su artículo 9 las
operaciones con títulos valores y excluía de responsabilidad penal dichas
transacciones. El juez decide contra nosotros, ignorando totalmente la
excepción expresa contenida en esa ley.
Luego de casi cinco años de compra-venta de títulos valores avalada por el
Banco Central de Venezuela y monitoreada por la propia Comisión Nacional de
Valores, el juez Vásquez inaugura un nuevo, arbitrario e inconstitucional
derecho al decidir que tales operaciones que realizaban entes públicos,
privados, particulares, funcionarios y hasta los propios legisladores, eran
ilegítimas, contradiciendo la ley que de manera explícita las autorizaba.
Bajo esta aberración hemos sido pasados a juicio con los cargos de
Comercialización Ilícita de Divisas y Agavillamiento.
Los efectos jurídicos y económicos de una decisión de este tipo se tornan
inimaginables. Si este absurdo criterio llegara a consolidarse, existiría el
riesgo de que, con ese precedente, se pretendiese investigar y juzgar a
todas las personas que utilizaron legalmente estos mecanismos de ahorro e
inversión: a importadores, a miembros de los sectores de la industria y del
comercio; al resto de las más de 100 casas de bolsas y sociedades de
corretaje y, peor aún, a la banca nacional, pionera en la utilización de
títulos valores para proteger sus capitales y negociarlos en divisas o en
bolívares, a pesar de que todos actuaron amparados en las excepciones que
brindaba la ley.
Destruir el mercado de valores ha constituido una empresa minúscula en
comparación con las graves consecuencias jurídicas y económicas que
acarreará el sostener una decisión *contra legem* como la dictada por el
Juez de Control en Audiencia Preliminar.
Desde nuestro cautiverio, nosotros, directores de Econoinvest Casa de Bolsa,
seguimos en la labor de hacer valer nuestra inocencia ejerciendo nuestro
derecho a la justa aplicación de la ley y no a una arbitraria
interpretación, con el convencimiento irrestricto de que tarde o temprano
habrá de imponerse la justicia.
A continuación el texto del comunicado:
Hoy 24 de mayo de 2011, se cumple un año de privación ilegítima de nuestra
libertad.
Lo que comenzó con una denuncia del Superintendente Nacional de Valores, Sr.
Tomás Sánchez, el 12 de mayo de 2010, contra tres casas de bolsa específicas
por efectuar operaciones con divisas sin que mediasen los respectivos
soportes en títulos valores, terminó con la decisión de cerrar un sector que
proveyó cerca de 40.000 millones de dólares en capital para el estado y un
monto altamente significativo para el sector privado en los últimos siete
años, garantizando más de 10.000 empleos modernos entre directos e
indirectos, y no dependientes del Estado, e incorporando al pequeño
ahorrista al mercado de valores, llegando a alcanzar la suma de 1.900.000
inversionistas directos y 3.500.000 indirectos.
Al comprobarse que todas las operaciones estaban debidamente soportadas y
autorizadas en el Banco Central de Venezuela bajo el Sistema de Custodia
Electrónica de Títulos (SICET), el proceso da un vuelco inesperado y el juez
13 de control, abogado Robinson Vásquez, decide que las operaciones con los
títulos valores denominados Títulos de Interés y Capital Cubierto (TICC) son
ilícitas, saltándose el principio de legalidad penal que reza que no puede
haber delito sin ley previa.
La Ley Contra los Ilícitos Cambiarios vigente desde septiembre de 2005 y
reformada en febrero de 2008, permitía expresamente en su artículo 9 las
operaciones con títulos valores y excluía de responsabilidad penal dichas
transacciones. El juez decide contra nosotros, ignorando totalmente la
excepción expresa contenida en esa ley.
Luego de casi cinco años de compra-venta de títulos valores avalada por el
Banco Central de Venezuela y monitoreada por la propia Comisión Nacional de
Valores, el juez Vásquez inaugura un nuevo, arbitrario e inconstitucional
derecho al decidir que tales operaciones que realizaban entes públicos,
privados, particulares, funcionarios y hasta los propios legisladores, eran
ilegítimas, contradiciendo la ley que de manera explícita las autorizaba.
Bajo esta aberración hemos sido pasados a juicio con los cargos de
Comercialización Ilícita de Divisas y Agavillamiento.
Los efectos jurídicos y económicos de una decisión de este tipo se tornan
inimaginables. Si este absurdo criterio llegara a consolidarse, existiría el
riesgo de que, con ese precedente, se pretendiese investigar y juzgar a
todas las personas que utilizaron legalmente estos mecanismos de ahorro e
inversión: a importadores, a miembros de los sectores de la industria y del
comercio; al resto de las más de 100 casas de bolsas y sociedades de
corretaje y, peor aún, a la banca nacional, pionera en la utilización de
títulos valores para proteger sus capitales y negociarlos en divisas o en
bolívares, a pesar de que todos actuaron amparados en las excepciones que
brindaba la ley.
Destruir el mercado de valores ha constituido una empresa minúscula en
comparación con las graves consecuencias jurídicas y económicas que
acarreará el sostener una decisión *contra legem* como la dictada por el
Juez de Control en Audiencia Preliminar.
Desde nuestro cautiverio, nosotros, directores de Econoinvest Casa de Bolsa,
seguimos en la labor de hacer valer nuestra inocencia ejerciendo nuestro
derecho a la justa aplicación de la ley y no a una arbitraria
interpretación, con el convencimiento irrestricto de que tarde o temprano
habrá de imponerse la justicia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario