(AP) — Una diputada de oposición anunció el jueves que iniciará un juicio de responsabilidades en contra del presidente Evo Morales por “legalizar el contrabando, según adujo la legisladora en relación con una ley que legaliza miles de autos usados ingresados de contrabando.
La diputada Norma Piérola de Convergencia Nacional (CN), principal bancada opositora aunque minoritaria, dijo a la AP que presentará su demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia la semana siguiente por “delitos económicos contra el Estado”.
“Legalizar el contrabando es un grave delito más allá de los daños ambientales que supone la norma”, dijo. Otros diputados opositores iniciaron una “querella penal” en contra de dos senadores oficialistas que promovieron la ley a los que acusan de “instigar al delito”.
La Ley de Saneamiento Legal de Automotores entró en vigor el jueves después que el mandatario la promulgará. Legalizará entre 10.000 y 20.000 autos según las autoridades y 50.000 según organismos empresariales. Se trata de autos obsoletos, descartados en otros países que ingresan ilegalmente desde puertos de Chile. Su comercio impulsó un floreciente negocio en los dos países.
El tema ha dado nueva bandera política a la minúscula oposición para cuestionar el discurso ecologista de Morales quien a finales de 2008 promulgó un decreto prohibiendo el ingreso de esos vehículos porque, dijo entonces, no quería que el país sea “basurero de chatarra”.
“Todos tenemos derecho a tener nuestro auto”, son “autos baratos” que compran “gente pobre”, justificó Morales el miércoles al anunciar la promulgación de la ley. “No había otro camino para acabar con este problema, qué vamos hacer, Quemarlos?, preguntó el mandatario en rueda de prensa.
Dijo además que necesita dinero para financiar programas sociales contra la pobreza.
Opositores y organizaciones empresariales han dicho que la “amnistía” a los autos de contrabando permitirán al gobierno recaudar hasta 100 millones de dólares para cubrir el déficit fiscal que este año será de 1.000 millones de dólares, 4,5% del PIB, pero el ministro de Economía, Luis Arce, desmintió que esa sea la razón de la polémica ley.
Empresarios, transportistas y alcaldes entre otros se oponen a la medida y alegaron un mayor caos del tráfico urbano y contaminación ambiental en las ciudades, además de un incremento en el subsidio estatal a los combustibles que según Morales subirá este año a 700 millones de dólares lo que disparará el déficit fiscal.
El país importa diesel para cubrir el déficit interno y la producción de gasolina está estancada mientras el parque automotor creció en 430.000 vehículos desde 2006, según datos del Instituto de Comercio Exterior (IBCE).
El jueves las colas para registrar vehículo ilegales, primer paso del trámite, eran interminables en varias ciudades. El plazo es de 15 días para la inscripción. En la multitud también hacían su negocio comerciantes callejeros que vendían la ley de amnistía entre ávidos compradores que querían enterarse de tramité.
