El día de hoy en la Inspectoría del Trabajo la comisión representativa de los docentes desincorporados continuará la discusión de los planteamientos en exigencia de sus prestaciones sociales y defensa de sus derechos constitucionales junto a las autoridades de Educación regional.
Así lo informó la docente Mirla López, en representación del grupo, quien sostuvo que continúan a la espera del decreto o resolución donde el ejecutivo regional los dicta como jubilados, para proceder a demandar por la violación de sus derechos constitucionales basados en el artículo 92, el cual señala que todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a sus prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en un servicio y los ampare en caso de cesantía.
El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal.
Indicó que con este reclamo también están amparados los docentes jubilados del año 2006, que aún no han recibido parte de sus prestaciones y tienen derecho a los intereses. En consecuencia como el gobernador nos jubiló por resolución, pero sin dinero, nos motiva a demandar fundamentados en el artículo 25 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, el cual establece que todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa según los casos, sin que le sirvan de excusa órdenes superiores.
