El abogado especialista en Derechos Humanos y coordinador de "Una ventana por la libertad", Carlos Nieto, fue enfático al responder de quién depende la entrada de las armas a los penales: "quien introduce las armas y las drogas a la cárcel son los funcionarios del Ministerio de Interior y Justicia y la Guardia Nacional". Aseveró que la prueba de ello es que los recintos penitenciarios son un espacio cerrado custodiado por estas instancias.
No obstante, Nieto resaltó que existe "una mafia de muchísimos años entre la Guardia Nacional, funcionarios del Ministerio de Interior y Justicia y los mismos reclusos.
Señaló que las cárceles son "un gran negocio". Destacó que los visitantes de los privados de libertad son sometidos a "requisas vejatorias de cualquier tipo" antes de ingresar a los penales. "Ninguna persona llevará a la cárcel un FAL, ametralladora, granada o todas las armas que tienen ellos", aseguró
El especialista consideró extralimitada la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana en los hechos del Internado Judicial el Rodeo y ha habido un uso excesivo de la fuerza. Agregó que se ha abusado de los periodistas que tratan de cubrir el hehco y de los familiares que están en las inmediaciones del lugar.
En cuanto a la creación del Ministerio para la Asistencia Penitenciaria, anunciado por el ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, el especialista calificó como "malo" que la idea surja en un mometno de crisis y que esto sólo trae más burocracia.
Nieto resaltó que 80% de la población penitenciaria aún está en la etapa de proceso, no tienen sentencia e, incluso, algunos ni siquiera han tenido una audiencia preliminar.
Sobre el Código Penitenciario advirtió que, auqneu hace falta porque es necesario adaptarlo según lo que señala la Constitución Nacional, el instrumento por sí solo no es la solución al problema. "Es un asunto de voluntad política", dijo.
Asimismo, recordó que según el artículo 272 de la Carta Magna, las cárceles deberían funcionar de forma descentralizada y estar a cargo de gobernadores y alcaldes. "Si estuviesen descentralizadas, el trabajo fluiría mejor", afirmó.
