El 24 de marzo de 2009, el carguero con bandera de Malta King Basil sale del Puerto de Vigo. Zarpa a las 8.20 y cuatro días después llega a Algeciras. Son las 10.25 del 28 de marzo cuando, según el registro del puerto, descarga el contenedor POCU4012090. Su carga: 10.380 kilos de residuos, unos 2.000 compresores de frigoríficos viejos, aún con aceite contaminante y gas con alto poder de calentamiento.
Según el Ministerio de Medio Ambiente, el origen era la planta de Cespa, la filial de medio ambiente de Ferrovial, en Galicia. Y el destino, Port Kasim, el segundo puerto de Pakistán, para ser desguazado y recuperar el metal, operación más rentable que extraer previamente el gas y el aceite y tratarlos por separado, algo obligatorio en Europa.
En la imagen de Cespa predomina el verde. La filial de Ferrovial se dedica a "la prestación de servicios medioambientales y a la gestión y tratamiento de residuos". En Cerceda (A Coruña) tiene una planta de reciclaje de residuos electrónicos. Por ley, desde 2005, cualquier aparato que tenga una pila o un enchufe debe ser tratado: eliminando los materiales peligrosos (gases, aceites, metales pesados...) para reutilizar el metal (hierro, acero, cobre...).
Ferrovial se desmarca del caso y no se explica cómo acabaron allí esos compresores sin descontaminar: "El contenedor es propiedad de una compañía paquistaní que reutiliza los compresores de los frigoríficos para repararlos y venderlos a particulares en su país de origen, como infladores de bicicletas y ciclomotores domésticos. La venta de los compresores a esta compañía se había realizado con todas las autorizaciones pertinentes y estando ya descontaminados (sin gases ni aceites)". La empresa afirma que no sabe cómo apareció el aceite en los compresores y que no es responsabilidad suya.
La web de la empresa que compró la carga, la paquistaní Schion International, es todo lo contrario que la de Cespa. "La chatarra es un trabajo sucio pero alguien tiene que hacerlo", es su lema. El color que predomina es el marrón. Así son los residuos: verdes en Europa y marrones en los países en desarrollo.
Noaman Alam, director de la firma, muestra como prueba un correo electrónico de un responsable de Cespa en el que explica que están haciendo todo lo posible por recuperar el contenedor y que ha sido el Gobierno el que les ha impedido exportarlo por estar contaminado. "Pagamos 10.000 euros por los compresores y siguen en el Puerto de Algeciras. ¿Qué país es ese?", se queja Alam.
Es uno de los pocos casos en los que la aduana española ha detenido un contenedor de residuos tóxicos hacia países en desarrollo, práctica creciente, según admiten el Gobierno, el sector y la Fiscalía de Medio Ambiente, que tiene abierta una gran investigación contra un fraude masivo en este tipo de reciclaje.
El contenedor fue retenido durante una operación de la Organización Mundial de Aduanas en 65 países. Allen Bruford, coordinador del proyecto, explica por teléfono: "El tráfico de residuos hacia países en desarrollo es un fenómeno global y creemos que creciente. Holanda y Bélgica son los países que más detectan, pero porque tienen equipos especializados".
En la operación en España colaboraron cinco puertos: Vigo, Algeciras, Valencia, Barcelona y Bilbao, y en solo unos días apareció un contenedor. ¿Qué ocurre el resto del año? Que se buscan poco, que a menudo estos cargamentos de chatarra (ordenadores o frigoríficos viejos) van camuflados como aparatos para venta de segunda mano. En diciembre de 2010, en Valencia, fue detenido un contenedor con 1.050 monitores de televisión con destino a China, según fuentes conocedoras de la operación. Eso es todo. Aduanas, del Ministerio de Hacienda, admite que "no siempre es clara la línea de separación" entre residuos y aparatos de segunda mano.
Que hay más exportaciones nadie lo duda, porque las cuentas no cuadran. En 2009 se pusieron en el mercado español 702.000 toneladas de productos electrónicos y eléctricos, pero solo se trataron 124.987 (el 17%). No todo lo que se vende en un año se debe reciclar ese ejercicio (los productos duran varios años). Sin embargo, la gran diferencia entre lo reciclado y lo que se vende da idea de que algo pasa. Muchas neveras y televisores acaban en chatarreros ilegales, hay robos en los puntos limpios de los Ayuntamientos... Sí, pero aun así algo tiene que estar saliendo al extranjero.
Cuatro responsables de plantas de tratamiento de residuos cuentan que reciben periódicamente llamadas de empresas de Marruecos, China, India, Ghana, Gambia... para comprar la basura. Ramón Altadill, responsable de Electrorecycling, una planta en Barcelona, explica que en el extranjero hay intermediarios que se interesan por comprarle los residuos y recuerda un caso ilustrativo: "Nos llamaron porque los salesianos habían recibido como donación para Bolivia un contenedor con material informático. Cuando lo vimos eran cajas registradoras viejas, lectores de código de barras... casi todo inservible. Tenía valor como chatarra, pero en Bolivia no iba a servir más que para contaminar. Lo desguazamos aquí". Otras donaciones sí llegaron a su destino.
"Una vergüenza para Europa"
La secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, admite que hay un problema en el reciclaje de productos electrónicos: "Una de las mayores vergüenzas de Europa es ver cómo la basura electrónica aparece desguazada o abandonada en las zonas más pobres del mundo. Eso genera problemas de salud y de medio ambiente". Ribera acepta que hay "un margen de mejora notabilísimo en el reciclaje. Es patético que en Ghana haya cementerios de chatarra electrónica. No sé si el origen es España, Holanda o Francia. Lo que está claro es que no ha salido de Accra".
Seguir el rastro de estos materiales no es sencillo. En la UE circulan libremente, así que lo que se intercepta en Rotterdamede proceder de cualquier parte. La Agencia Europea de Medio Ambiente admite que hay material electrónico que va a ser vendido en países pobres, pero que en algunos casos el precio de la mercancía es tan bajo que solo puede ser un residuo camuflado.
España ha ratificado un convenio internacional de 1992 que prohíbe exportar residuos peligrosos, pero en la práctica apenas tenía herramientas para cumplirlo. Hasta diciembre pasado, el Código Penal no citaba expresamente el tráfico de residuos. La reforma de 2010 sí castiga con pena de hasta dos años de cárcel a quien "contraviniendo las leyes traslade una cantidad importante de residuos".
EL PAIS
