Al menos 122 armas recuperadas en escenas del crimen en México están ligadas a un polémico programa estadounidense que permitió el tráfico de miles de armas al vecino del sur con en fin de atrapar a traficantes, reveló este martes un informe de dos congresistas norteamericanos.
"Hasta los momentos, el Departamento de Justicia ha entregado documentos que reseñan al menos 48 casos en los que fueron recuperadas unas 122 armas ligadas a la operación 'Rápido y Furioso' ('Fast and Furious')" en México, indicó el informe de los republicanos Darrell Issa y Charles Grassley.
El representante Issa y el senador Grassley han liderado las investigaciones sobre el programa de la ATF (Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos), que por un año desde finales de 2009 permitió la entrada a México de unas 2.000 armas para que sirvieran como señuelo para atrapar a traficantes de armas.
La operación salió a la luz y fue cancelada cuando miembros de ATF denunciaron que en la escena del crimen del agente estadounidense Brian Terry, asesinado el 14 de diciembre de 2010 en choque con supuestos narcotraficantes mexicanos en Arizona (sur), se hallaron dos armas ligadas al programa.
"El diseño defectuoso de la operación Fast and Furious tuvo consecuencias trágicas. Incontables ciudadanos mexicanos y estadounidenses sufrieron", denunció el informe de los congresistas.
El gobierno mexicano de Felipe Calderón, que sostiene que más de 80% de las armas incautadas a los cárteles provienen de Estados Unidos, protestó airadamente al conocerse la operación.
Un primer informe divulgado en junio por los legisladores afirmó que las armas del programa habrían causado muertes.
La ATF "perdió de vista" muchas de las armas, a las que no les hizo debido seguimiento, y las volvió a encontrar "cuando aparecieron en la escena de un crimen. Trágicamente, muchos de esos casos implicaron la pérdida de vidas", indicó ese reporte.
Agentes de ATF en México, quienes según el informe divulgado este martes no fueron informados de la operación, testificarán en una audiencia en la jornada en la comisión de Supervisión Gubernamental de la Cámara de Representantes, dirigida por Issa.
Los republicanos han aumentado su presión contra el presidente Barack Obama y el fiscal general, Eric Holder, al afirmar que es imposible que esa operación no fuera conocida por funcionarios de alto nivel del gobierno.
Obama afirmó que ni él ni Holder autorizaron la operación. El gobierno inició una investigación y ha prometido "consecuencias" si se consiguen irregularidades
AFP
