Azurix, una empresa estadounidense que demandó a la Argentina por ruptura de contrato ante el CIADI –el tribunal arbitral del Banco Mundial–, cree que el Presidente Barack Obama expulsará a nuestro país del Sistema General de Preferencias (SGP) por no pagarle el laudo que obtuvo a su favor.
“Tenemos un buen caso. La normativa es clara: un país que se niega a pagar los laudos de arbitrajes internacionales no puede gozar de los beneficios comerciales del SGP”, dijo a Clarín el presidente de Azurix, Rodrigo Castillo.
“Para sacar a la Argentina del SGP se necesita un decreto del propio Presidente Obama. Y nosotros tenemos la esperanza de que lo firmará antes de fin de año”, agregó Castillo, explicando que ya tienen al Departamento de Estado a su favor.
Durante el diálogo que mantuvo con Clarín , Castillo tomó distancia de los bonistas y fondos buitres que han estado haciendo lobby en el Congreso estadounidense contra la Argentina. “En nuestro caso lo que está en juego es la ley internacional, es decir la seguridad jurídica de las inversiones . Los bonitas tuvieron dos oportunidades para cambiar su deuda.
Decidieron no hacerlo.
Y ahora están litigando en las cortes domésticas. Argumentar que todo es lo mismo no es apropiado. No tenemos nada que ver con ellos”.
El tema es tan delicado que Cristina aprovechó la reunión que tuvo con Obama en Cannes, para explicarle que la Argentina no se niega a pagar los laudos del CIADI, sino que Azurix y Blueridge, las dos empresas que presentaron peticiones para que nuestro país sea expulsado del SGP, no quieren pasar por los tribunales argentinos para poder cobrarlos. Todo depende de cómo se interpreten los artículos 53 y 54 del Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados.
Castillo dice que, de acuerdo al artículo 53 de ese convenio, el pago del laudo, que en este caso es de 165 millones de dólares más intereses , es “voluntario y obligatorio”. Si bien el artículo 54 dice que “todo Estado hará ejecutar dentro de sus territorios las obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo como si se tratara de una sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho Estado”, Castillo insiste con que el procedimiento propuesto por la Argentina para que puedan cobrar es una “ejecución forzosa”, ya que los obliga a pasar por la Cámara en lo Contencioso Administrativo argentina. Para la Argentina se trata de un trámite administrativo, pero Castillo no está de acuerdo “Me están mandando a la Justicia para una ejecución de sentencia”, dice.
Castillo es optimista porque el Departamento de Estado presentó una carta en el caso de Siemens diciendo que “el artículo 54 no invalida o condiciona de ninguna manera la obligación que tiene el Estado bajo el artículo 53. El 54 sólo se aplica si el Estado que pierde no paga el laudo como indica del artículo 53”.
Según Castillo, el tema preocupa al gobierno de Estados Unidos porque “si el cumplimiento voluntario del laudo arbitral se encuentra condicionado por un procedimiento judicial doméstico, eso le quita mucho fuerza y validez a todo el proceso arbitral”.
“La preocupación tiene que ver con la integridad del sistema de arbitraje del CIADI”, afirmó el ejecutivo. “Si cualquier país puede determinar por su propia ley cómo se va a instrumentar el cumplimiento de los laudos, y dejamos que sea un proceso de ejecución forzada, es un proceso de ejecución sin fin ”.
¿Hay arreglo posible con el gobierno argentino? “Estamos abierto a sentarnos a hablar y a encontrar una solución. Obviamente no queremos que esto escale aun más y que termine con otra acción por parte del gobierno norteamericano. Pero ese proceso está fuera de mis manos”, sostuvo Castillo.
El Clarin
