Varios representantes de organizaciones no gubernamentales, agrupados en la
Monitor Legislativo, señalaron que el rendimiento del parlamento este año fue
bajo y sólo se limitó a aprobar las propuestas presentadas por el
Ejecutivo.
Expresaron su preocupación por el déficit de estado de derecho
en Venezuela, por la inclinación en favor de decisiones del Ejecutivo Nacional y
por leyes que se hacen en beneficio de un grupo de la población.
También
manifestaron que la Ley de Costos y Precios Justos es grave porque permite el
control de la economía, tal y como se hizo en los países comunistas el siglo
pasado, va contra el sistema de mercado y afecta el ejercicio de los derechos
políticos.
Por otra parte, reclamaron que la AN no respondiera a
comunicaciones enviadas desde organismos internacionales.
Rocío San
Miguel denunció que hay miembros de la FANB trabajando en la construcción de
viviendas en Bolivia, sin autorización de la AN y al servicio del Presidente Evo
Morales.
San Miguel pidió, además, que el ministro de la Defensa sea
interpelado sobre el control de armas en el país.
Otro representante de
una ong, Andrés Cañizales, dijo que los análisis de los medios de comunicación
de la AN (ANTV y Radio AN) ofrecen información tendenciosa y se observa un
tratamiento desequilibrado y se “invisibilizan” los diputados de la
oposición.
