AVN).- El Ministerio de Salud elabora los mecanismos mediante los cuales las personas mayores de edad deberán expresar en vida su voluntad de no donar sus órganos en caso de cualquier situación inesperada, informó este miércoles Zulay Martínez, diputada a la Asamblea Nacional.
Durante una entrevista en el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, Martínez se refirió a la Ley sobre Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células en Seres Humanos, aprobada en noviembre pasado.
Al respecto, resaltó que se lleva adelante un estudio para determinar si la decisión de cada adulto que no esté dispuesto a donar sus órganos se hace del conocimiento público a través de la cédula de identidad y/o la licencia de conducir.
“Quien no esté de acuerdo en donar un órgano de su cuerpo debe manifestarlo en vida en algún documento”, indicó, al explicar que, en caso de que la persona no lo manifieste, el Estado, a través del Ministerio de Salud, podrá utilizar alguno de sus órganos para aquellos que lo puedan necesitar”.
Martínez destacó que, como proyecto humanista, la norma protege la estabilidad laboral de las personas que presenten algún tipo de enfermedad y requieran un órgano.
“Hay una esperanza consolidada. Todos aquellos enfermos que tienen la necesidad de ladonación de un órgano están conscientes de que el Estado está trabajando en este sentido”, agregó.
Recordó que el Ministerio de Salud es el único ente rector que se encarga de las políticas en esta materia y autoriza los centros de salud para realizar donación y trasplantes de órganos.
“Hacemos el llamado a los medios de comunicación a crear un proceso de formación para concientizar a las personas de que deben ser donantes presuntos ante cualquier situación inesperada”, puntualizó la parlamentaria.
La Ley sobre Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células en Seres Humanos tiene como objetivo regular procedimientos antes mencionados con fines terapéuticos, de investigación o de docencia en el ámbito nacional, y con base en el derecho a la salud previsto en la Constitución Nacional.