Comentó que el 9 de enero del año en curso, el gobernador César Pérez Vivas, por informaciones que ya venía manejando, mandó a investigar todo lo concerniente a nómina y al área administrativa de la gobernación. En una primera auditoría que arrojó resultados el pasado mes de febrero, descubrieron que aproximadamente 22 personas ajenas a la gobernación habían cobrado sumas “exorbitantes” como consecuencia del “abuso de la red de informática”.
“Como resultado de esa denuncia contra funcionarios que traicionaron la confianza y los valores de la gobernación (…) el 15 de febrero dictó medidas privativas contra altos funcionarios presuntamente comprometidos al igual que el día de ayer para un total de 25 personas“, aseveró Hernández.
Relató que 4 de esas personas poseen un cargo directivo y las 21 restantes son empleados, contratados y ajenos a la gobernación.
Asimismo indicó que se sumarán a la demanda civil que hará la Fiscalía del Ministerio Público para “dar una demostración de que no hay que tapar“.
Hernández acotó que “son delitos sofisticados que requieren de códigos y una alta pericia (…) vamos con pie de plomo para rastrear a los responsables”
